La ciudad de Posadas quedó sumida en el espanto. Una mujer de 23 años y su madre, de 42, fueron detenidas acusadas de haber abusado de una nena de apenas tres años -hija y nieta de las imputadas- y de haber vendido los videos por $1.500 a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram. Los pagos se realizaban mediante billeteras virtuales, y las pruebas fueron halladas en los celulares secuestrados durante el allanamiento.
La investigación, a cargo de la Fiscalía de Ciberdelitos de Misiones y la División de Delitos Sexuales de la Policía provincial, se inició en abril, cuando el padre de la víctima -un técnico informático- detectó material explícito que lo llevó de inmediato a denunciar lo ocurrido. "Llega a la Fiscalía la denuncia de una persona del círculo íntimo, donde se manifiesta que vendían contenido de explotación sexual infantil. A partir de eso se inicia la investigación, se corroboran los datos y se ordena el allanamiento y la detención", confirmó el fiscal Juan Pablo Espeche, a cargo del caso, en diálogo con Misiones Online.
El operativo se realizó en el barrio Rocamora de la capital provincial. Allí se secuestraron tres teléfonos celulares, prendas infantiles y otros objetos que coinciden con los elementos vistos en los videos difundidos. Todo el material fue remitido a la Dirección Policía Científica para su peritaje técnico. Según trascendió, el padre ya había advertido a la Justicia sobre el entorno riesgoso en el que vivía su hija. Hacia fines de 2023, se había presentado a denunciar que la madre consumía drogas delante de la menor y que no la cuidaba adecuadamente.
Sin embargo, un informe socioambiental elaborado por un equipo interdisciplinario fue favorable a la madre, y la causa terminó reducida a un cruce de acusaciones en el marco de una conflictiva separación. Ese antecedente hoy vuelve a quedar bajo la lupa. Con el avance de la causa, se comprobó que la madre utilizaba una billetera virtual para recibir el dinero de los compradores anónimos. La abuela, que convivía en la misma casa, también quedó imputada por su posible participación en la maniobra.
En el domicilio se encontraban además otras dos menores, que fueron trasladadas al Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia para ser revisadas y quedaron luego bajo cuidado estatal. "El análisis de los teléfonos y dispositivos es una etapa clave de la investigación. Debemos determinar si existió producción y distribución de más material y si hay otras víctimas", sostuvo el fiscal Espeche.
Por el momento, la víctima directa confirmada es la niña de tres años, aunque no se descarta que el horror alcance a otras integrantes del entorno familiar. Los investigadores sospechan que los videos se difundían en pequeños grupos cerrados de Telegram, donde se comercializa contenido ilegal bajo anonimato. Cada envío tenía un costo de apenas $1.500, una cifra que deja ver el grado de deshumanización y perversión detrás del caso.
Mientras tanto, las dos detenidas fueron indagadas por el juez de Instrucción N.º 7, Miguel Mattos, quien decidió mantener la imputación tras analizar la carga probatoria. En los próximos días podría ampliarse la acusación, una vez concluido el peritaje de los dispositivos incautados.