La estrategia elegida por Manuel Adorni para intentar cerrar la crisis política y judicial que rodea a su patrimonio parece haber producido el efecto contrario. Lejos de despejar interrogantes, la publicación de su declaración jurada correspondiente al período fiscal 2025 abrió nuevos cuestionamientos sobre el origen de los fondos utilizados para comprar propiedades, realizar costosas refacciones y sostener un nivel de gastos que hasta hace pocas semanas no encontraba respaldo en los documentos oficiales.
La presentación difundida por la Oficina Anticorrupción muestra un crecimiento patrimonial extraordinario. El funcionario que hasta hace poco declaraba una fortuna de $107.894.833 pasó a informar bienes por $944.575.052, de acuerdo a lo informado por el diario Clarín. El salto es consecuencia directa de las rectificaciones realizadas luego de admitir públicamente que mantenía ahorros "en negro" que nunca habían sido informados ante los organismos de control.
La modificación no fue menor. La declaración correspondiente al ejercicio 2024, que originalmente reflejaba un patrimonio mucho más reducido, fue corregida hasta alcanzar los $662.646.821. Sobre esa nueva base se construyó la declaración de 2025, que terminó exhibiendo una fortuna cercana a los mil millones de pesos. En los tribunales federales, donde se investiga un presunto enriquecimiento ilícito, la explicación presentada por el jefe de Gabinete sigue generando escepticismo.
Fuentes judiciales señalaron que Adorni "acomodó los números" para intentar justificar movimientos patrimoniales que ya estaban bajo análisis de la Justicia. Uno de los aspectos más sensibles de la nueva declaración es el relacionado con la tenencia de dólares. Mientras que anteriormente había informado apenas US$22.500, las rectificaciones revelaron que en realidad poseía US$388.961,52 durante el ejercicio fiscal 2024.
Según la documentación presentada, esos fondos habrían surgido de la venta de activos, principalmente criptomonedas que nunca habían sido declaradas mientras el funcionario ya ocupaba un cargo público. Por primera vez aparecen reconocidas distintas posiciones en activos digitales. Entre ellas figuran tenencias en Binance, Lemon y Bitcoin que al cierre de 2023 representaban más de $11,8 millones.
La explicación oficial sostiene que la liquidación de esos criptoactivos permitió obtener los casi US$389.000 que ahora aparecen incorporados a su patrimonio. Sin embargo, la propia evolución de los números abre nuevos interrogantes. En la declaración de 2025 Adorni informa que su tenencia en dólares descendió a US$209.961,52. Es decir, desaparecieron aproximadamente US$179.000 respecto del ejercicio anterior.
Ese monto es precisamente uno de los puntos que los investigadores observan con atención porque coincide parcialmente con los desembolsos que el funcionario busca justificar por las obras realizadas en su casa del country Indio Cuá. La explicación oficial choca con la declaración judicial del contratista Matías Tabar, quien aseguró bajo juramento que las refacciones demandaron alrededor de US$245.000, una cifra considerablemente superior.
La vivienda ubicada en Exaltación de la Cruz continúa siendo uno de los ejes centrales de la investigación. La propiedad había sido omitida en la declaración jurada anterior pese a haber sido adquirida en noviembre de 2024 por US$120.000. Según la documentación presentada, el matrimonio aportó US$20.000 propios y obtuvo otros US$100.000 mediante un préstamo en efectivo otorgado por una jubilada de la Policía Federal y su hija.
Posteriormente, Adorni reconoció haber abonado parte de esa deuda, aunque todavía restaría cancelar una suma importante. Tras la rectificación, la casa fue incorporada a la declaración patrimonial. Primero apareció valuada en $88,5 millones y luego en más de $156 millones en la presentación correspondiente a 2025. Otro capítulo bajo la lupa es el departamento de casi 200 metros cuadrados ubicado sobre la calle Miró, en Caballito.
La operación se escrituró por US$230.000. Según la versión oficial, la pareja aportó US$30.000 y financió el resto mediante una hipoteca privada sin intereses. La propiedad figura ahora valuada en $255,8 millones y forma parte del patrimonio declarado por el jefe de Gabinete. Si se suman los desembolsos reconocidos para ambas operaciones inmobiliarias y las millonarias refacciones realizadas en el country, los investigadores consideran que las cuentas todavía presentan inconsistencias que requieren mayores explicaciones.
Tras conocerse la declaración jurada, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) presentó un pedido formal ante la Unidad de Información Financiera para que abra un expediente de inteligencia financiera sobre Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. La organización solicitó que se analice la evolución patrimonial de ambos, se determine la trazabilidad de los fondos utilizados en las operaciones inmobiliarias y, si corresponde, se impulse una denuncia por presunto lavado de activos.
Entre los argumentos presentados figuran las compras de propiedades realizadas durante el ejercicio de funciones públicas, la existencia de grandes sumas de dinero en efectivo, los viajes en aviones privados junto a empresarios vinculados al Estado y la utilización de mecanismos de financiamiento por fuera del sistema bancario tradicional. El CIPCE también puso el foco sobre la propia admisión realizada por Adorni cuando reconoció haber mantenido alrededor de medio millón de dólares sin declarar.
Para la entidad, ese reconocimiento abre interrogantes sobre el cumplimiento de los estándares de transparencia exigidos a quienes ocupan cargos de máxima responsabilidad institucional. Además, el organismo recordó que la adhesión al régimen simplificado previsto por la ley de "Inocencia Fiscal" no impide que la UIF investigue operaciones patrimoniales sospechosas ni limita las obligaciones de control respecto de Personas Políticamente Expuestas. Mientras el fiscal federal Gerardo Pollicita continúa reuniendo información sobre la evolución patrimonial del funcionario, Adorni anunció que en julio concurrirá al Senado para presentar su informe de gestión.