La jornada nacional de protesta convocada por la CGT, las dos CTA, la UTEP y organizaciones sociales volvió a poner en evidencia el creciente nivel de conflictividad social que atraviesa la Argentina. Mientras miles de manifestantes intentaban llegar al Congreso para acompañar el tradicional reclamo de los jubilados de los miércoles, el Gobierno respondió con un fuerte operativo de seguridad que derivó en momentos de tensión en distintos accesos a la Ciudad de Buenos Aires. El principal foco de conflicto se registró en Avellaneda, donde efectivos de la Policía Federal, Prefectura y otras fuerzas federales bloquearon el avance de las columnas que buscaban cruzar el Puente Pueyrredón. Allí hubo empujones, quema de neumáticos y el despliegue de un camión hidrante para apagar el fuego y hacer retroceder a los manifestantes.
"Fue público, lo vieron todos, avanzó. Por eso le dije al jefe de este operativo que estaba acá ¿quién era el responsable? Me dijo: '¡No le importa a usted, córrase!'. ¿Quién es el señor jefe de este operativo? ¿El dueño del país? Acá hay una manifestación. Él dice que defiende un derecho, ¿cuál es el derecho que defiende? ¿El derecho de Patricia Bullrich, de Alejandra Monteoliva, del Gobierno nacional a reprimir?", plateó Belliboni ante la prensa.
El dirigente, que mencionó a la ex ministra y la actual ministra de Seguridad, había recibido gases lacrimógenos de forma directa cuando negociaba con la PNA. La utilización de este método fue la parte más dura que tuvieron que recibir los manifestantes, que protestaban por la vuelta de un programa a través del cual 900.000 beneficiarios recibían 78.000 pesos y que ahora fue cambiado por vouchers de capacitación.
Desde el Ministerio de Seguridad defendieron el operativo y aseguraron: "No van a permitir que vuelvan a prender fuego los neumáticos". Además, remarcaron que "no se usaron gases lacrimógenos" durante la intervención. El despliegue oficial fue de gran magnitud. Solo en la zona del Puente Pueyrredón participaron alrededor de 300 efectivos de la Policía Federal, sin contar el personal de Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Bonaerense que actuaron como apoyo. El operativo también alcanzó el Puente La Noria y la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
Pese a los bloqueos, las columnas comenzaron a desplazarse hacia el Congreso, donde el Gobierno también montó un amplio vallado que obligó a cortar numerosas calles del centro porteño y hasta dejó fuera de servicio la estación Congreso de la línea A del Subte. Como cada miércoles, los jubilados fueron el corazón de la protesta. Muchos denunciaron que el deterioro de sus ingresos los obliga a elegir entre alimentarse o comprar medicamentos.
Graciela, una jubilada de 70 años que llegó desde Merlo para participar de la marcha, resumió el sentimiento de muchos de los presentes. "Los viejos moriremos así como los árboles: de pie, luchando", afirmó mientras sostenía un cartel frente al Congreso. Luego agregó una de las frases más duras de la jornada: "Hay muchos jubilados que no tienen para comprar los remedios. Muchos tuvimos que comprar remedios genéricos y suspender los tratamientos. Antes de que nos maten, salgo y la peleo".
Las organizaciones sociales también cargaron contra la política económica del Gobierno de Javier Milei y denunciaron un agravamiento de la pobreza. El secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, lanzó una fuerte advertencia. "Por supuesto que está en riesgo la paz social, porque acá los pibes empiezan nuevamente a tener que chupar cartón para sobrevivir. Esa es la triste realidad que está viviendo el pueblo trabajador en la Argentina", sostuvo.
Además, explicó que la movilización buscó "defender a este sector, pero también a todo el pueblo trabajador". Los dirigentes también rechazaron la baja del programa Volver al Trabajo y consideraron que la decisión oficial representa "un golpe a la economía de los barrios, un golpe a las economías populares, un golpe a todo el pueblo". En ese contexto, advirtieron que "no va a haber paz social si todavía sigue existiendo hambre y pobreza en la Argentina".
Belliboni también aprovechó la movilización para convocar a una mayor unidad entre los sectores sindicales y sociales. "Eso es lo que tendríamos que hacer, empujar, impulsar una unidad de los trabajadores para frenar esta barbaridad de Milei", expresó. El dirigente enumeró a los sectores más afectados por las políticas oficiales y denunció que quienes trabajan en comedores comunitarios reciben ingresos de apenas 78 mil pesos. "Si no le pagan salario, si no le pagan esos 78 mil pesos, estamos hablando de que son trabajadores esclavos", afirmó.
La protesta de este miércoles marcó el inicio formal del nuevo plan de lucha de la CGT. Aunque la central sindical consiguió que el Gobierno modificara algunos puntos de la Ley de Modernización Laboral vinculados a la financiación de las obras sociales, descartó cualquier tregua con la Casa Rosada. Tras la movilización frente al Congreso, las centrales obreras ya fijaron un calendario de nuevas protestas que incluye la marcha de San Cayetano del 7 de agosto, una movilización frente al Ministerio de Economía, otra por el Día de la Industria, actividades durante la visita del papa León XIV y una nueva protesta cuando vuelva a reunirse el Consejo del Salario Mínimo. El objetivo final es escalar el conflicto hacia un paro general de 24 o incluso 36 horas, con la incorporación de más sectores sociales.