Lejos de la imagen de un oficialismo aceitado y con capacidad para imponer su agenda, el Gobierno de Javier Milei vuelve a exhibir las dificultades para construir consensos en el Congreso. Tras tres postergaciones consecutivas, una fuerte interna entre sus principales dirigentes y al menos 15 versiones distintas del mismo texto, la Casa Rosada intenta ahora cerrar la redacción definitiva de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, uno de los proyectos que considera prioritarios.
Con el debate aplazado hasta el 6 de agosto por falta de apoyos en el Senado, el oficialismo decidió convocar una reunión para intentar ordenar un expediente que terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza político. La cita reunirá a la senadora Patricia Bullrich, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, equipos del Ministerio de Desregulación encabezado por Federico Sturzenegger y representantes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
La intención es consensuar una versión que finalmente pueda conseguir los votos necesarios después de semanas de idas y vueltas. Las dificultades comenzaron mucho antes de llegar al recinto. El proyecto fue modificado tantas veces que, según admitieron distintos sectores parlamentarios, terminó generando confusión incluso entre los propios aliados del Gobierno.
En varios casos, los senadores debieron prepararse para debatir sin conocer con precisión cuál era la última versión del texto. "No se trabaja así", resumieron desde bloques dialoguistas, molestos por las permanentes modificaciones de una iniciativa que ya acumula 15 redacciones distintas. La improvisación terminó teniendo consecuencias políticas.
Ante la falta de respaldo suficiente, Bullrich optó por solicitar un cuarto intermedio y postergar nuevamente el tratamiento para evitar una derrota que hubiera significado un nuevo golpe para la estrategia legislativa del oficialismo. El punto más conflictivo del proyecto sigue siendo el capítulo que facilita la compra de tierras por parte de extranjeros.
La iniciativa despertó resistencia entre varios gobernadores, que consideran que el texto puede afectar intereses provinciales y reclaman mayores resguardos para preservar el federalismo. Pero las críticas no llegaron solamente desde la oposición. La vicepresidenta Victoria Villarruel también cuestionó duramente ese apartado y protagonizó un fuerte enfrentamiento con Patricia Bullrich. Según trascendió del intercambio, la titular del Senado llegó a acusar al Ejecutivo de intentar "vender el país" y calificó de "indignante" el capítulo referido a las tierras por entender que comprometía la "integridad territorial".
La filtración de esos mensajes profundizó una relación que ya venía deteriorándose. Desde el entorno de Villarruel tampoco ocultaron el malestar. "No se puede filtrar chats. Ahora perdió la confianza de todos, incluido de los senadores". La disputa entre ambas referentes libertarias dejó de limitarse al plano parlamentario. El conflicto también alcanzó a sus equipos de trabajo.
Uno de los principales asesores de Bullrich, Cristian Larsen, denunció por amenazas a Mario "Pato" Russo, uno de los hombres de mayor confianza de Villarruel. Días más tarde, ambas dirigentes mantuvieron una reunión en el Senado para intentar bajar la tensión y recomponer el diálogo. Aunque desde ambos sectores reconocieron que el encuentro permitió descomprimir parcialmente el conflicto, también admiten que la relación atraviesa su momento más delicado desde el inicio del Gobierno.
Dentro del propio Ejecutivo también aparecieron cuestionamientos sobre la redacción del proyecto. Federico Sturzenegger rechazó varios de los cambios introducidos durante las negociaciones parlamentarias y, según trascendió desde Balcarce 50, incluso llegó a advertir sobre la posibilidad de recomendar un veto presidencial si prosperaba la versión que impulsaba Bullrich.
La advertencia obligó a la Casa Rosada a volver a sentar a todas las partes en una misma mesa para intentar evitar que el proyecto termine convirtiéndose en un nuevo foco de conflicto interno. La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada figura entre las prioridades legislativas del Gobierno para el segundo semestre. Sin embargo, el camino recorrido hasta ahora refleja las dificultades que enfrenta el oficialismo para sostener una estrategia parlamentaria ordenada.
Tres postergaciones, cambios permanentes en el articulado, cuestionamientos de gobernadores, diferencias entre ministros, enfrentamientos con la vicepresidenta y desconcierto entre los propios aliados terminaron transformando una iniciativa que buscaba mostrar fortaleza política en un nuevo capítulo de las tensiones que atraviesan a La Libertad Avanza. Pese a ese escenario, en la Casa Rosada mantienen el optimismo. "Los votos van a estar", aseguran desde la mesa política.
La incógnita es si, después de tantas modificaciones y negociaciones de último momento, el oficialismo logrará finalmente convertir esa promesa en una victoria legislativa o si la ley volverá a quedar atrapada en las diferencias internas que marcaron todo su recorrido.