La reciente intervención de Argentina en la Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional (CPI), que se lleva a cabo en La Haya, ha encendido un nuevo capítulo en las tensiones diplomáticas con Venezuela. El representante argentino, Diego Emilio Sadofschi, realizó un llamado urgente para que el tribunal avance con órdenes de arresto contra los responsables de crímenes de lesa humanidad atribuidos al régimen de Nicolás Maduro, una postura que generó una respuesta vehemente del gobierno venezolano.
"La situación en Venezuela, que se ha deteriorado aún más tras las fraudulentas elecciones de julio de 2024, exige una atención inmediata", afirmó Sadofschi durante su intervención.
Además, lamentó la falta de avances significativos desde que en 2021 la Fiscalía de la CPI concluyó el examen preliminar sobre el caso venezolano: "Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes contra la humanidad que perpetra el régimen venezolano requieren investigaciones rigurosas pero expeditivas, incluyendo el dictado de órdenes de arresto contra sus principales responsables", subrayó el diplomático argentino.
La postura argentina no tardó en recibir una contundente respuesta por parte del embajador venezolano Héctor Constant Rosales, quien acusó a Buenos Aires de "politizar de forma altisonante" la conferencia y cuestionó la legitimidad del reclamo. Constant Rosales calificó como "vergonzosa" la conducta argentina en foros multilaterales y denunció que el gobierno de Javier Milei actúa como "un falso defensor de derechos humanos". Además, recordó que Argentina votó recientemente en contra de varias resoluciones clave de la ONU sobre derechos humanos, incluida una sobre tortura y tratos crueles.
El cruce entre ambas naciones marcó uno de los momentos más tensos en el inicio de una semana crucial para la CPI, en la que se evalúan los avances en investigaciones y la cooperación de los Estados Parte. La Fiscalía del tribunal anunció, además, el cierre de su oficina en Caracas debido a la falta de "progreso real" en los esfuerzos del sistema judicial venezolano para cumplir con el principio de complementariedad.
Por su parte, Sadofschi defendió la postura argentina y aclaró que su decisión de no bloquear el consenso en la Asamblea no debe interpretarse como un gesto hacia Venezuela, sino como un compromiso con el funcionamiento del sistema internacional de justicia: "No debemos permitir que la falta de resultados prolongue el sufrimiento de las víctimas", enfatizó.
La investigación sobre Venezuela, abierta en 2018, abarca presuntos crímenes cometidos desde 2017 por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Mientras tanto, las tensiones diplomáticas entre Argentina y Venezuela sobre todo desde la llegada del gobierno del ultraderechista Javier Milei exponen una fractura política regional en Latinoamérica que no parece tener vuelta atrás.