En una maniobra que expuso nuevamente la dinámica unilateral del oficialismo, el Gobierno aseguró haber concluido la redacción definitiva del proyecto de Reforma Laboral que enviará al Congreso en los próximos días. Según confirmaron fuentes oficiales, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, puso punto final al articulado que él mismo prefiere llamar "modernización", y lo remitió directamente a Manuel Adorni, Martín Menem y Patricia Bullrich, convertida en jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado. A pesar de que la Casa Rosada insiste en que la reforma busca "actualizar" el mercado laboral, la realidad interna fue mucho menos armónica: los sindicatos la rechazaron frontalmente y hasta sectores empresariales reclamaron un texto más severo.
Lejos de abrir la discusión, el Ejecutivo se inclinó por cerrar filas y avanzar con su propia versión, desoyendo los planteos críticos tanto de la CGT como de la Unión Industrial Argentina (UIA). El temario del proyecto, que pretende ser debatido en el verano parlamentario, incluiría capítulos sensibles: ultra actividad, relación entre convenios, cargas fiscales, financiamiento sindical y empresario, derechos colectivos, trabajo individual y autónomos, democracia sindical y un conjunto de "derivaciones varias".
Además, circula un apartado orientado a fomentar el empleo joven a través de nuevas "flexibilidades" laborales. Una fuente con llegada directa al despacho presidencial lo admitió en diálogo con Infobae sin vueltas: "Varios de los puntos que circulan están contemplados". El cierre del proyecto ocurrió pocos días después de la fallida reunión del Consejo de Mayo. Allí, el representante de la CGT y titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, calificó el borrador como un avance que "atentaba contra los derechos de los trabajadores". Al retirarse de la Casa Rosada, dejó una advertencia que retumbó en los pasillos oficiales: "No nos vamos a quedar de brazos cruzados".
La tensión gremial se suma al insólito contrapunto con el propio sector empresario. El titular de la UIA, Martín Rappallini, pidió endurecer aún más el texto, lo que evidencia un doble rechazo: la reforma no conforma ni a trabajadores ni a empleadores, pero el Gobierno insiste en imponerla a su ritmo. Con los borradores finalizados, la Casa Rosada activó un amplio dispositivo político. Manuel Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli, avanzan en conversaciones con los gobernadores.
Mientras tanto, Patricia Bullrich -quien renunció este lunes formalmente al Ministerio de Seguridad- coordina negociaciones dentro del Senado. Martín Menem, por su parte, busca arrebatarle al peronismo la primera minoría en Diputados antes del 3 de diciembre, en un intento contrarreloj por asegurarse votos. La estrategia apunta a llegar al 10 de diciembre -inicio de las sesiones extraordinarias- con un marco legislativo lo suficientemente alineado para aprobar no sólo la Reforma Laboral, sino también el Presupuesto 2026, la reforma tributaria y un endurecimiento del Código Penal.
El Ejecutivo pretende sesionar hasta el 31 de diciembre, con un breve paréntesis estival y un regreso el 19 de enero que se extenderá hasta fines de febrero. El Gobierno insiste en presentar la iniciativa como un paso indispensable para dinamizar la economía. Sin embargo, la falta de diálogo real, el rechazo sindical explícito y la presión empresarial para "profundizar" la flexibilización laboral dibujan un escenario inquietante: una reforma que nace sin respaldo social, político ni técnico amplio.
Mientras el oficialismo acelera a solas, la advertencia de la CGT, el malestar entre los propios empresarios y la creciente resistencia parlamentaria transforman el debate de diciembre y febrero en una verdadera prueba de supervivencia política para el Gobierno libertario.