El Presidente de las fuerzas del cielo suma un frente judicial que puede complicarlo, y esta vez por sus propias palabras. Elisa Carrió presentó este jueves una denuncia penal contra Javier Milei por el posible delito de abuso de autoridad en contexto de violencia de género, violencia mediática, digital e institucional contra la periodista María Eugenia "Maru" Duffard. La líder de la Coalición Cívica pidió además que intervenga la Unidad Fiscal especializada en violencia contra las mujeres del Ministerio Público Fiscal.
Todo empezó el 30 de septiembre. Según La Nación, Milei reaccionó a un recorte de video de Duffard en Radio con Vos, donde la periodista hablaba de una eventual candidatura de Cristina Kirchner, y le dedicó tres mensajes con insultos: la llamó "basura corrupta", "zurda inmunda" y "basura inmunda". También escribió: "Me parece que a veces no puteamos lo suficiente a los periodistas".
Carrió acompañó la denuncia con una frase que suena a profecía: "Llegará el día en que este Presidente y su lenguaje, que no es ni republicano ni espiritual, no podrá transitar entre la gente porque la violencia que sale de su boca se volverá contra él", dijo y agregó: "A mí me dijeron lo mismo, pero los que hablaron hoy están presos por delitos de corrupción. Es cierto que hubo violencia kirchnerista y ahora hay violencia libertaria pero con la violencia vamos todos al precipicio cualquiera sea su origen".
En el escrito, Carrió sostiene que el mandatario cometió un abuso de poder que traspasó los límites constitucionales y que su conducta promovió "un ataque misógino en las redes sociales -con cientos de miles de reproducciones- hacia la periodista". Según la presentación, Milei usó contra Duffard un "vocabulario soez, cosificante y agresivo", impropio de un jefe de Estado, para menoscabar públicamente su trabajo.
La denuncia se apoya en el artículo 248 del Código Penal, sobre abuso de autoridad, y aclara que el caso "no constituye un mero diferendo de opiniones ni un cruce retórico habitual de la arena política".
El punto central es la asimetría de poder: el jefe de Estado "ha desatado una campaña de hostigamiento digital y mediático orientada a disciplinar las voces críticas". Y al amplificar descalificaciones de su propio entorno de comunicación oficial, en este caso publicaciones del Director de Realizaciones Audiovisuales de la Presidencia, convierte "el aparato difusor del Estado en una herramienta de persecución selectiva".
La presentación encuadra el ataque en la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y califica "el hostigamiento como violencia psicológica, institucional, simbólica, mediática y digital en el espacio público virtual". Sobre los insultos, el texto afirma que "exceden cualquier noción de debate público maduro".
"La jurisprudencia y la legislación vigentes en la materia establecen con claridad que la violencia psicológica y simbólica no requiere de la agresión física para lesionar la dignidad de una persona. Cuando estas descalificaciones provienen del máximo representante institucional de la Nación, el efecto dañino se multiplica exponencialmente debido al nivel de reproducción masiva que alcanzan sus declaraciones en los ecosistemas digitales", agrega.
Carrió también denuncia "la flagrante violación a los compromisos internacionales de rango constitucional que la Argentina ha ratificado, tales como la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará". Y funda las acciones penales en el artículo 75, incisos 22 y 23, y el artículo 14 de la Constitución Nacional.
La exdiputada recordó que organizaciones de la sociedad civil, entidades académicas y asociaciones de prensa como FOPEA y ADEPA "han manifestado de manera recurrente su alarma ante lo que identifican como un patrón sistemático de amedrentamiento hacia los trabajadores de prensa".
"La prensa libre cumple una función de control estratégico e indispensable en cualquier república; cuando se intenta silenciar o condicionar su labor mediante el insulto oficializado, lo que se debilita es el derecho de la ciudadanía a recibir información plural y diversa", concluyó Elisa Carrió en su escrito y ahora la pelota está en la Justicia la que deberá decidir si los insultos de Javier Milei son solo palabras o un delito.