La declaración de Fernando Cerimedo en Comodoro Py agregó tensión a una causa que ya tiene todos los condimentos de una bomba política. El consultor y asesor de Javier Milei reconoció bajo juramento que Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), le había hablado en reiteradas ocasiones de casos de "corrupción" y de "coimas". Sus palabras refuerzan la hipótesis del fiscal federal Franco Picardi, que desde hace más de veinte días intenta probar la existencia de un entramado de sobornos en la compra de medicamentos, con la droguería Suizo Argentina SA como beneficiaria de contrataciones direccionadas y posibles sobreprecios.
Sin embargo, Cerimedo negó haber sido el responsable de grabar a Spagnuolo ni de filtrar los audios que comprometen a la hermana del Presidente, Karina Milei, y a Eduardo "Lule" Menem, en un esquema en el que se habría exigido hasta un 8% de retorno. "Yo tuve un diario que banca al Gobierno, me cargué la campaña al hombro. ¿Para qué voy a tirar esa bomba? ¿Con qué finalidad, para dañar al pelado?", declaró en referencia al propio Milei, al que sigue llamando por su nombre de pila. Lejos de despejar dudas, su testimonio expuso las contradicciones de un círculo de poder donde la lealtad se confunde con la complicidad.
Cerimedo admitió haber sido presentado a Spagnuolo por el propio Presidente y confirmó que mantenían conversaciones políticas con el mismo tono que el de las grabaciones, aunque insistió en que la charla filtrada no fue con él. En su descargo, también relativizó la acusación: "Spagnuolo me lo había contado en cuotas, pero me lo había contado", subrayó, dejando entrever que conocía de antemano el modus operandi de la presunta red. En ese sentido, explicó que Spagnuolo "le contaba cosas de internas y de política" y dijo que en esa supuesta charla filtrada "no hablábamos del presidente, hablábamos de Javier", en referencia a la cercanía de Spagnuolo con Milei.
Mientras tanto, el expediente avanza con una lógica que incomoda tanto a la Casa Rosada como a los empresarios Kovalivker, dueños de Suizo Argentina, que intentan desactivar el caso con un planteo de nulidad por "violación a la intimidad". La defensa alega que todo comenzó con un audio ilícito, pero el juez Sebastián Casanello y el fiscal Picardi parecen decididos a usarlo como punto de partida para rastrear la ruta del dinero. En los últimos allanamientos ya se secuestraron quince cajas de documentación y se levantó el secreto bancario y fiscal de los implicados, con transferencias por más de 10 mil millones de pesos bajo la lupa.
El panorama se volverá aún más crítico la próxima semana, cuando venza la prórroga del secreto de sumario y las defensas accedan al expediente. Allí se sabrá si Spagnuolo finalmente avanza en su estrategia de convertirse en imputado colaborador. De hacerlo, quedará obligado a aportar datos verificables que podrían escalar hasta los máximos niveles del poder. En paralelo, el gobierno libertario busca contrarrestar el escándalo con una ofensiva judicial que mezcla denuncias de espionaje ilegal, acusaciones extravagantes contra Rusia, Venezuela y hasta la AFA, y maniobras de censura previa para impedir la difusión de audios comprometidos.
La estrategia revela más preocupación por tapar filtraciones que por dar explicaciones sobre el fondo de la causa. Lo cierto es que la declaración de Cerimedo no cierra heridas: confirma lo esencial -la existencia de coimas-, pero al mismo tiempo intenta despegarse de las pruebas que sostienen la investigación.