El escándalo por los créditos hipotecarios de alto nivel otorgados a funcionarios públicos sumó un nuevo capítulo con el nombre de Carolina Olivera, actual titular de la Unidad de Gestión Técnico Operativa del PAMI, quien en octubre de 2025 obtuvo un préstamo por poco más de 500 millones de pesos y hoy mantiene una deuda superior a los 565 millones de pesos con el Banco Nación. La información fue revelada por el periodista Beto Valdez en su cuenta de X, quien agregó que Olivera está casada con Ezequiel Cabrera, jefe de administración y finanzas de MED-EL Latinoamérica, una empresa que habitualmente provee al PAMI de implementos médicos como implantes cocleares.
La aparición de Olivera se suma a una lista cada vez más extensa de funcionarios, asesores y legisladores oficialistas que accedieron a créditos hipotecarios en condiciones privilegiadas mientras millones de argentinos quedan excluidos del sistema financiero formal. A comienzos de abril ya había trascendido que integrantes del Poder Ejecutivo y dirigentes libertarios habían obtenido préstamos de hasta 350 mil dólares otorgados por el Banco Nación.
Desde la entidad pública insistieron en que todos los créditos fueron concedidos respetando "los requisitos habituales" y sin excepciones. Sin embargo, el argumento oficial comenzó a perder consistencia a medida que se conocieron los nombres de los beneficiarios y las condiciones especiales del esquema. Entre los créditos más altos aparecen Juan Pedro Inchauspe, miembro del directorio del Banco Central, y Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía y director del BICE, quienes recibieron 350 mil dólares cada uno. También figura el actual secretario de Finanzas, Federico Furiase, con 276 mil dólares; Emiliano Mongilardi, integrante del directorio de YPF, con más de 200 mil dólares; y Juan Pablo Carreira, funcionario ligado a la comunicación oficial, con aproximadamente 77 mil dólares.
La lista también alcanza a legisladores oficialistas como Mariano Campero, Santiago Santurio y Lorena Villaverde, con préstamos que oscilan entre los 200 mil y los 240 mil dólares. Mientras el Gobierno insiste en hablar de "normalización financiera", la mora creciente de muchos préstamos familiares y la pérdida sostenida del poder adquisitivo muestran otra realidad. En ese escenario, la posibilidad de acceder a créditos millonarios con tasas preferenciales quedó reservada para un sector muy específico del aparato estatal y político. Desde la oposición comenzaron a exigir explicaciones públicas.
El diputado Esteban Paulón pidió formalmente que el Banco Nación informe si existieron condiciones especiales o trato preferencial para funcionarios libertarios. La polémica escaló todavía más luego de conocerse el contenido de la reglamentación interna del programa "+Hogares con BNA". El propio Banco Nación había incorporado en 2024 una cláusula que contemplaba explícitamente a "cargos políticos designados por resolución o electivos" como potenciales beneficiarios de la línea hipotecaria. Ese punto terminó siendo decisivo. Tras la difusión pública del escándalo, la conducción encabezada por Darío Wasserman eliminó la cláusula mediante la circular 0092/2026.
La marcha atrás alimentó nuevas sospechas: si el sistema era verdaderamente transparente y equitativo, ¿por qué el banco decidió borrar la disposición que habilitaba expresamente a los funcionarios? En un extenso comunicado, la entidad defendió la operatoria y aseguró que la línea hipotecaria funciona bajo "reglas explícitas, criterios objetivos y procesos estandarizados", garantizando "trazabilidad, control y equidad en el acceso". Pero los propios números oficiales dejaron al descubierto fuertes contradicciones. Según el Banco Nación, hubo "unas 425.000 solicitudes" que luego de diferentes depuraciones quedaron reducidas a "unas 246.000". De ese total, apenas "27.000 hipotecas" fueron otorgadas y otras 3.200 continúan en etapa final. Es decir, sólo una minoría logra acceder efectivamente al beneficio.
La desigualdad se vuelve aún más evidente cuando se analizan las condiciones financieras. Aquellos solicitantes que no cumplen determinados requisitos deben enfrentar tasas mucho más altas -UVA + 12% frente a UVA + 6%- y además pierden mecanismos de cobertura por ajuste salarial. En los hechos, los perfiles con mayor estabilidad laboral, especialmente vinculados al Estado, parten con una ventaja decisiva frente al resto de la sociedad.
En paralelo, el deterioro de los ingresos continúa profundizándose. Tal como advierten distintos economistas, "el crédito empezó a sustituir el ingreso como para que la gente pueda consumir", una dinámica que refleja el impacto de la caída del salario real en amplios sectores de la población. En ese contexto, la figura de Carolina Olivera agrega un componente particularmente sensible. Según su perfil de Linkedin, se recibió de abogada en la Universidad de Buenos Aires en 2004 y desarrolló casi toda su carrera dentro del PAMI. Ingresó al organismo en diciembre de 2012 y ocupó distintos cargos jerárquicos vinculados a recursos humanos y relaciones laborales hasta llegar a la conducción de la Unidad de Gestión Técnico Operativa en febrero de 2026.