"Las penas son de nosotros, las casitas son ajenas", es la frase de cabecera de los y las inquilinas argentinas en un contexto de creciente crisis habitacional. Lo más impactante, sin embargo, es que un reciente informe basado en datos obtenidos a través de un pedido de acceso a la información pública desató una fuerte polémica. Según esta investigación, entre enero de 2024 y marzo de 2026, el Banco de la Nación Argentina otorgó un total de 25.391 créditos hipotecarios, de los cuales 1.120 fueron destinados a Personas Expuestas Políticamente (PEP), lo que representa el 4,4% del total.
El presidente de la ONG Inquilinos Córdoba, Maxi Vittar, expresó su indignación en una entrevista con BigBang: "Este tema expone una paradoja muy fuerte de la Argentina actual. Porque mientras millones de familias inquilinas están haciendo cuentas para ver si llegan al alquiler, a las expensas, a los servicios y a la comida, nos encontramos que el Banco de la Nación Argentina otorgó crédito hipotecario a funcionarios o personas vinculadas al poder político".
La categoría PEP, regulada por la Unidad de Información Financiera (UIF), incluye a funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entre otros pero, dato no menor, no abarca a todos los empleados estatales, por lo que el número real de beneficiarios vinculados al aparato estatal podría ser aún mayor. Los nombres que más resonaron en este escándalo incluyen al director del Banco Central, Pedro Inchauspe; el asesor del Ministerio de Economía Felipe Núñez; el secretario de Finanzas Federico Furiase; y Leandro Massaccesi, exfuncionario del Ministerio de Capital Humano.
Para Vittar, la crítica no se centra únicamente en la legalidad o no de estos préstamos, sino en lo que describe como una cuestión ética y social: "Es decir, que uno de cada 23 préstamos hipotecarios fue otorgado a personas alcanzadas por este régimen especial de control financiero. El problema no es solamente discutir si cada crédito fue formalmente legal o no. Eso lo tendrá que investigar quien corresponda. El problema político, ético y social, a mi entender, es otro".
Es que la realidad para millones de argentinos es diametralmente opuesta. Según datos recientes, uno de cada cuatro inquilinos destina entre el 60% y el 100% de su salario al pago del alquiler. Otro 17% gasta la mitad de sus ingresos en este concepto y un 22% destina alrededor del 40%... una situación insostenible para gran parte de las familias que alquilan.
Sobre esto, Vittar subrayó: "Hoy una familia que alquila no está pensando ni siquiera en el sueño de la casa propia; está pensando realmente si puede renovar el contrato, si le van a aumentar cada tres o cuatro meses, si puede pagar la comisión inmobiliaria, la mudanza, el depósito, las expensas".
El presidente de Inquilinos Córdoba también cuestionó el discurso oficial que sostiene que el mercado puede resolver los problemas habitacionales del país: "Entonces, cuando el Gobierno dice que el mercado va a resolver el problema de la vivienda, la realidad está mostrando lo contrario. Para los inquilinos hay desregulación, incertidumbre y un fuerte endeudamiento. Y en cambio, para funcionarios o personas vinculadas al poder, aparecen los créditos, la banca pública y el financiamiento a largo plazo".
La falta de políticas públicas habitacionales efectivas para los sectores más vulnerables es una constante crítica hacia el gobierno actual. Según Vittar: "Es que en un país donde alquilar se volvió una situación de angustia permanente, donde una familia necesitó en abril casi 1 millón y medio de pesos para no estar bajo la línea de la pobreza, el Estado aparece para financiar vivienda a sectores con una gran capacidad de acceso, pero no aparece con una política habitacional seria para trabajadores, jubilados, jóvenes y familias inquilinas".
La controversia también pone en tela de juicio el uso que se le da a las herramientas del Estado para garantizar derechos básicos como el acceso a la vivienda: "Ahí es donde aparece la doble vara que nosotros constantemente remarcamos, porque si el Banco de la Nación que es estatal puede ser una herramienta para garantizar el acceso a la vivienda, entonces esa herramienta debería estar orientada prioritariamente a quienes no tienen vivienda, o sea, a quienes alquilan, a quienes destinan la mitad de su ingreso familiar a pagar un techo", sostuvo Vittar contundentemente.
El panorama general es desolador para quienes no forman parte del círculo cercano al poder político: "No puede ser que el Estado se declare ausente frente a la emergencia habitacional, pero que esté presente cuando se trata de facilitar el acceso a la propiedad a quienes ya están cerca del poder", denunció.
Finalmente, Maximiliano Vittar concluyó con una reflexión que sintetiza la gravedad del asunto: "Incluso aquellos que critican la banca pública, o sea, tampoco han sido gestiones o créditos que se hayan hecho en la banca privada. Entonces, para nosotros esto no es solamente un escándalo de créditos. Es una foto muy clara del momento que vive la Argentina: la vivienda financiada para algunos y precariedad habitacional para millones. Y en un país donde el alquiler se convirtió en una forma de inestabilidad permanente, esta foto a nuestro entender es profundamente injusta. Por eso, vuelvo a insistir, el problema no es solamente quién recibió el crédito; el problema es quiénes quedan afuera del crédito, afuera de la vivienda propia y cada vez más cerca de quedar afuera del alquiler".