En medio de una creciente polémica por el otorgamiento de créditos hipotecarios a funcionarios, legisladores y dirigentes cercanos al Gobierno, el Banco Nación intentó ordenar el frente discursivo con un extenso comunicado en el que defendió su operatoria. Sin embargo, lejos de despejar dudas, la explicación oficial terminó reforzando las inconsistencias de un esquema que ahora aparece bajo sospecha. La entidad que preside Darío Wasserman calificó a la línea "+Hogares con BNA" como "una operatoria transparente y masiva", basada en "reglas explícitas, criterios objetivos y procesos estandarizados".
Según el banco, el sistema garantiza "trazabilidad, control y equidad en el acceso", con condiciones homogéneas para todos los solicitantes. Pero el contexto omitido en el comunicado es precisamente el que explica la controversia: la revelación de que decenas de funcionarios accedieron a créditos de hasta 340 mil dólares, con tasas preferenciales y plazos de hasta 30 años, en un país donde la mayoría de la población queda fuera del sistema financiero formal. En números, el propio banco exhibe el alcance de la línea: "unas 425.000 solicitudes fueron ingresadas", que tras depuraciones se reducen a "unas 246.000".
De ese universo, apenas "27.000 hipotecas" fueron efectivamente otorgadas, con otras 3.200 en etapa final. Es decir, una proporción menor que contrasta con la facilidad con la que ciertos sectores del poder lograron acceder al beneficio. "El volumen hace evidente la necesidad de contar con un proceso transparente, objetivo y con trazabilidad", insistió la entidad, que además subrayó que desde enero de 2026 el sistema fue "automatizado en su totalidad". Sin embargo, la discusión ya no pasa solo por los mecanismos técnicos, sino por las condiciones reales de acceso y las asimetrías evidentes entre ciudadanos comunes y funcionarios.
El punto más sensible estalló cuando se conoció que la propia reglamentación contemplaba explícitamente a los "cargos políticos designados por resolución o electivos" como potenciales beneficiarios. Esa cláusula, incorporada en 2024, fue la llave que permitió el acceso de dirigentes a créditos en condiciones favorables. La reacción del banco fue tan rápida como elocuente: tras el escándalo, la conducción encabezada por Wasserman eliminó ese párrafo mediante la circular 0092/2026. Lo cierto es que si el sistema era equitativo, ¿por qué fue necesario dar marcha atrás y borrar la norma que habilitaba explícitamente a los funcionarios?
Desde el oficialismo sostienen que "no hubo ilegalidad" y que todos los préstamos se otorgaron bajo las mismas reglas. Pero la propia dinámica del caso erosiona esa defensa. La eliminación retroactiva de la cláusula aparece más como un intento de contener el costo político que como una aclaración técnica. En su comunicado, el Banco Nación también buscó resaltar el impacto estructural de la línea crediticia. Recordó que el crédito hipotecario en Argentina había caído a niveles mínimos -apenas 0,07% del PBI hacia diciembre de 2023- y que su nueva operatoria permitió reactivar el sector, alcanzando una participación del 96% en enero de 2026.
Al mismo tiempo, destacó cambios en su cartera, con menor exposición al sector público y mayor financiamiento al sector privado. Sin embargo, esos datos macroeconómicos conviven con una realidad más concreta: mientras "ocho de cada diez solicitantes comunes no logran calificar", dirigentes con ingresos estatales -y en algunos casos con propiedades previas- accedieron a montos suficientes para adquirir viviendas en zonas premium. El propio diseño del sistema refuerza esas diferencias.
Aquellos que no cumplen con ciertos requisitos enfrentan tasas significativamente más altas -UVA + 12% frente a UVA + 6%- y pierden beneficios clave como la cobertura por ajuste salarial. En la práctica, el acceso a las mejores condiciones queda restringido a perfiles más estables y previsibles, como los vinculados al sector público. El banco también argumentó que estos lineamientos responden a normativas como el Decreto 747/2024, que obliga a las entidades del sector público a implementar procesos competitivos y a considerar el otorgamiento de créditos hipotecarios a tasas preferenciales para su personal.