El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, lanzó esta semana el Sistema Social (SISOC), una plataforma que promete transformar la gestión de la política social en Argentina mediante la centralización de datos y el uso de inteligencia artificial. La iniciativa es presentada como un salto tecnológico, pero también plantea interrogantes sobre el nivel de control estatal, la privacidad y el verdadero impacto en un contexto de ajuste. Desde la cartera aseguran que el sistema busca dejar atrás un esquema "asistencialista y fragmentado" para avanzar hacia una gestión basada en datos integrados y análisis en tiempo real.
En términos concretos, se trata -según reconocen incluso puertas adentro- de "un pasaje de la información del Excel a un sistema", aunque con una ambición mucho mayor: construir una infraestructura capaz de seguir cada trayectoria social en detalle. El corazón del SISOC es la llamada "historia social digital", un registro que integra datos personales, familiares y territoriales de cada beneficiario. El nivel de alcance del sistema quedó expuesto en palabras del secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordoñez: "Tenemos la historía en vivo de cada uno de los beneficiarios actualizadas al instante con cada una de las políticas sociales que la atraviesan".
En ese sentido, explicó: Conocemos dónde está, a qué tipo de espacios asiste, qué cobertura está teniendo, su grupo familiar, en qué condiciones está para acceder algún tipo de prestación y si lo está haciendo". Y agregó: "Parece una pavada, pero es un salto cuántico. De un individuo que estaba suelto por el universo ahora tenés la radiografía que sirve para mejorar la calidad de las prestaciones y asegurarnos que reciba todo lo que tiene que recibir". El sistema cruza información con organismos como ANSES, RENAPER y otras áreas estatales, además de proyectar una futura integración con provincias y municipios.
También incorpora inteligencia artificial para detectar fraudes, inconsistencias y generar alertas tempranas. Desde el oficialismo destacan que la plataforma permitirá mayor "transparencia, eliminación de intermediarios, trazabilidad y eficiencia". Sin embargo, esa misma centralización que se presenta como solución puede convertirse en un punto de tensión. La concentración de millones de registros en un único sistema, con capacidad de monitoreo en tiempo real, configura un modelo de gestión altamente centralizado donde el Estado no solo administra recursos, sino que también construye perfiles detallados de los sectores más vulnerables.
Aunque el acceso al sistema está restringido y se asegura el cumplimiento de la ley de protección de datos, el hecho de que el sistema no sea público y opere bajo criterios definidos por el propio Ejecutivo deja abierta la discusión sobre los mecanismos de control externo. Uno de los aspectos más ambiciosos del SISOC es su proyección hacia un "Estado predictivo". Según explicaron los funcionarios, la meta es que para 2027 el sistema pueda anticipar el impacto de las políticas antes de implementarlas, mediante el uso de inteligencia artificial y analítica de datos.
En esa línea, Ordoñez sostuvo que el sistema permitirá "medir, con anticipación, gracias a la inteligencia artificial, las políticas sociales". La promesa es tentadora: mayor eficiencia, mejor asignación de recursos y reducción de errores. Pero también abre preguntas sobre los criterios con los que se tomarán decisiones automatizadas y el riesgo de reducir realidades complejas a variables cuantificables. Como en otras áreas de gestión, el Gobierno justificó la iniciativa en la situación heredada. Ordoñez afirmó que el punto de partida fue "la ausencia de información centralizada, con datos dispersos, registros en Excel y poca o nula interoperabilidad entre los programas".
Esa narrativa sirve para explicar la necesidad del cambio, pero no responde del todo a una pregunta clave: si la digitalización viene acompañada de mayor inversión social o si, por el contrario, se limita a optimizar un sistema en un contexto de recorte. El lanzamiento del SISOC se da en paralelo a una política económica marcada por el ajuste fiscal y la reducción del gasto público. En ese contexto, la modernización tecnológica aparece como una herramienta para administrar mejor recursos escasos, pero también como un mecanismo para controlar más estrictamente su distribución.
Desde el ministerio insisten en que no hubo conflictos con organizaciones territoriales y que el sistema fue diseñado de manera colaborativa: "No pensamos esto desde una torre, siempre buscamos apoyarnos en las necesidades". Sin embargo, la implementación práctica -con auditorías presenciales sorpresivas y controles virtuales- sugiere un esquema donde la supervisión estatal se intensifica sobre comedores, centros comunitarios y beneficiarios. El SISOC representa, sin dudas, un cambio profundo en la forma en que el Estado gestiona la política social. La digitalización, la integración de datos y el uso de inteligencia artificial pueden mejorar la eficiencia y reducir irregularidades.