La causa por la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo de alto voltaje político y judicial. Un grupo de diputados nacionales de la oposición denunció penalmente al fiscal federal Eduardo Taiano, a quien acusan de haber convertido una investigación clave en un expediente paralizado por dilaciones, opacidad y decisiones cuestionadas. La presentación -impulsada por legisladores de la Coalición Cívica, Unión por la Patria y Provincias Unidas- no ahorra calificativos: habla de "mal desempeño", "demoras injustificadas en la producción de pruebas" y hasta de la "retención y ocultamiento" de elementos sensibles para el avance de la causa.
En el centro de la polémica aparece una cronología que, según los denunciantes, revela un patrón sistemático de inacción. El escándalo estalló el 14 de febrero de 2025, cuando el presidente Javier Milei promocionó el proyecto en redes sociales. Sin embargo, recién el 6 de marzo se secuestraron los dispositivos electrónicos de los principales implicados locales, entre ellos el lobista Mauricio Novelli.
A partir de allí, la causa habría ingresado en una zona de letargo difícil de justificar. "Entre los meses de marzo y mayo de 2025, el material fue recibido por la fiscalía interviniente, quedando desde ese momento a su disposición elementos potencialmente decisivos para el avance del proceso. No obstante, ello, recién el 9 de septiembre de 2025 se ordenó el análisis de dicho material, lo que implicó una primera dilación significativa en el tratamiento de prueba central", señalaron los diputados.
Las críticas no se detienen en los tiempos procesales. También apuntan a un presunto bloqueo institucional. El 15 de octubre de 2025, legisladores solicitaron acceder al expediente para colaborar con la investigación parlamentaria, pero el fiscal rechazó el pedido. Según denunciaron, esa negativa "quebró toda la tradición legislativa, en materia de colaboración interpoderes".
El cuadro se agrava con otro dato: pese a contar con informes periciales desde noviembre de 2025 -completados en enero de 2026-, no se habrían registrado avances sustanciales. "Se consolidó así una secuencia de demoras que, por su extensión y falta de justificación, resultan incompatibles con un desempeño diligente de la función de Fiscal", sostuvieron. Y agregaron un dato aún más sensible: "No solo no se dispusieron llamados a indagatoria, sino que tampoco se formalizaron imputaciones".
Para los denunciantes, el problema no es solo la lentitud, sino también el rumbo de la investigación. "En cambio, el Fiscal Taiano fue diligente en orientar su pesquisa, citando a declaración testimonial a la periodista y abogada Natalia Volosín, luego que hiciera pública la retención y ocultamiento de prueba". Esa citación -que luego fue dejada sin efecto- es presentada como un ejemplo de prioridades invertidas.
"Iinmediatamente (Taiano) ordenó su citación con una premura que no habíamos advertido en la investigación de los hechos materia de denuncia. Tras el escándalo público, el Fiscal Taiano dejó sin efecto la misma; reafirmación de un accionar -de mínima- errante y parsimonioso", remarcaron. La acusación va más allá: sostienen que el fiscal desvió el foco hacia cuestiones accesorias, como la supuesta filtración de información, en lugar de avanzar sobre el núcleo del caso. "Por segunda vez, condujo el foco de su actividad, no al escándalo de los hechos acontecidos el 14 de febrero del 2025, los meses previos y los posteriores; sino a todo lo accesorio".
En ese marco, los legisladores trazaron un diagnóstico demoledor: "La breve reconstrucción cronológica de los hechos permite advertir un patrón de conducta caracterizado por demoras injustificadas, que pueden afectar el debido proceso, la búsqueda de justicia (...) y una orientación de la actividad investigativa que no se corresponde con la finalidad propia del proceso". Y remataron: "El periodismo va a más velocidad que el propio Poder Judicial".
Paradójicamente, mientras crecen las denuncias contra su actuación, el fiscal Taiano reactivó en los últimos días algunas medidas en la causa. Ordenó una nueva revisión del teléfono de Mauricio Novelli, con foco en un borrador que menciona un presunto acuerdo por 5 millones de dólares vinculado al apoyo de Javier Milei al proyecto. El documento -una suerte de "memo" recuperado por peritos- detalla supuestos pagos escalonados: "$1,5 M de tokens líquidos o cash como adelanto"; "$1,5M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis" y "$2M en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei por asesoría en blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y revisión con Javier y Karina"
Taiano busca determinar si ese archivo fue enviado o recibido, y en qué contexto. También pidió información a American Airlines sobre vuelos de los implicados, y a compañías telefónicas sobre registros de llamadas en días clave de febrero de 2025. Sin embargo, para los denunciantes, estas medidas llegan tarde y no alcanzan para revertir lo que consideran un manejo irregular del expediente. El eje más delicado de la denuncia apunta a la posible "retención indebida de prueba relevante" y su eventual ocultamiento, lo que -según sostienen- viola el principio de objetividad que debe regir la actuación del Ministerio Público.
Además, cuestionan la falta de impulso de la acción penal pese a la existencia de elementos incriminantes, lo que configuraría una omisión grave de sus deberes. "Las dilataciones no aparecen fundadas en complejidad técnicas ni en circunstancias excepcionales, sino que, por el contrario, revelan una inactividad incompatible con el deber de diligencia funcional", afirmaron. En ese contexto, advierten que las restricciones en el acceso a la causa contribuyen a un escenario de opacidad institucional. "Las restricciones reportadas en el acceso a la causa por parte de terceros interesados contribuyen a configurar un escenario de falta de transparencia".