La reciente conclusión de la fiscal Paloma Ochoa sobre la denuncia de calumnias e injurias presentada por el presidente Javier Milei contra el periodista Ari Lijalad pone nuevamente sobre la mesa un debate crucial para la democracia: la protección de la libertad de expresión frente al poder político.
En su dictamen, Ochoa determinó que Lijalad no cometió delito alguno al publicar una nota crítica sobre el discurso del mandatario, amparándose en el principio de "protección reforzada" para asuntos de interés público. Sin embargo, el caso no deja de generar preocupación, especialmente por lo que implica en términos de intimidación y censura hacia los y las trabajadoras de prensa que además sufren las consecuencias del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich cada miércoles en el Congreso; el caso de mayor gravedad es el de Pablo Grillo que casi pierde la vida durante la manifestación del 12 de marzo.
El artículo en cuestión, publicado por Lijalad en El Destape, señala que el discurso de Milei usa "el proceso de incitación al odio y la violencia contra el que piensa distinto"; las palabras se inscriben dentro del derecho del periodista a opinar y alertar sobre los peligros del discurso político del ultraderechista. No obstante, la reacción del presidente al presentar una denuncia penal contra Lijalad, así como contra otros periodistas como Carlos Pagni y Viviana Canosa, plantea verdaderos interrogantes sobre su manera de usar el poder de intimidación con todas las herramientas que le confiere el Estado.
En su fallo, Ochoa utiliza el fallo histórico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Kimel vs. Argentina (2008) para entender la gravedad del asunto; este caso marcó un antes y un después en la protección de la libertad de expresión en América Latina.
Eduardo Kimel, periodista argentino, fue condenado por injurias tras criticar la actuación del juez Guillermo Rivarola en un caso relacionado con crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar en 1976 en la publicación de su libro La Masacre de San Patricio (1989) donde contaba el asesinato de tres sacerdotes y dos seminaristas de la Congregación Palotina.
Así, en el '95, los tribunales argentinos condenaron a Kimel por injurias, imponiéndole una pena de un año de prisión en suspenso y una multa económica; el litigio legal fue largo: la Cámara de apelaciones revocó la condena en el '96 pero la Corte Suprema la reinstauró en 1998. Este fallo fue interpuesto ante la Corte IDH por el mismísimo Kimel; finalmente, ese tribunal falló a su favor en 2008 y determinó que esa condena no sólo violaba el derecho a la libertad de expresión, sino que además tenía un efecto inhibidor sobre el debate público, especialmente cuando se trata de cuestiones de interés público o críticas a funcionarios.
El fallo fue contundente: las figuras públicas están sujetas a un mayor nivel de escrutinio y deben tolerar críticas más severas que los ciudadanos comunes. La Corte también advirtió sobre los peligros de utilizar el derecho penal para sancionar expresiones legítimas, ya que esto puede silenciar voces críticas y debilitar el debate democrático. Como resultado, Argentina reformó su legislación en 2009 bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, eliminando las penas de prisión para calumnias e injurias en asuntos de interés público para proteger a los trabajadores de prensa pero también a la libertad de expresión.
Volviendo a la Argentina de 2025 bajo el mandato libertario, la denuncia de Milei contra Lijalad parece ignorar las lecciones del caso Kimel. Si bien es cierto que cualquier ciudadano tiene derecho a recurrir a la justicia si considera que ha sido difamado, es alarmante que un presidente utilice esta herramienta contra periodistas que ejercen su labor crítica. Esto no es más que un mensaje intimidatorio a los medios, sino que también pone en riesgo uno de los pilares fundamentales de la democracia: el derecho a cuestionar al poder.
La fiscal Ochoa, en su dictamen, recordó los estándares internacionales que protegen la libertad de expresión, subrayando que las expresiones relacionadas con asuntos públicos gozan de una protección especial. Además, destacó que solo pueden ser sancionadas si se demuestra "real malicia", es decir, si se prueba que hubo intención deliberada de difundir información falsa con el objetivo de causar daño. En este caso, no existe evidencia alguna que respalde tal acusación contra Lijalad.
Ahora bien, el caso del trabajador de prensa de El Destape no ocurre en un vacío: en los últimos meses, líderes políticos argentinos usan la estigmatización y la ridiculización de los periodistas que no son afines al gobierno de La Libertad Avanza llamándolos "ensobrados" y hasta usando apodos infantiles para referirse a cada uno de ellos como el caso de María Laura Santillán a quien Milei llama abiertamente "María pauta Santillán".
"El periodismo es libre o es una farsa", dijo Rodolfo Walsh, referente sin igual del periodismo de investigación que se paró de manos frente al aparato represivo del Estado escribiendo la Carta Abierta a la Junta Militar y que luego fue brutalmente asesinado por un grupo de tareas de la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) el 25 de marzo de 1977.
Ahora, el dictamen de la fiscal Paloma Ochoa es un paso en la dirección correcta, pero no basta con decisiones judiciales aisladas: es necesario un compromiso colectivo para proteger la libertad de expresión y garantizar que casos como el de Ari Lijalad no se conviertan en una herramienta recurrente para intimidar a trabajadores. Es por eso que la organización es fundamental; desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) hubo una acción concreta: republican la nota de Lijalad pero con la firma de más 600 periodistas que adhieren al texto que había escrito.