Con la firma de Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el Gobierno oficializó este martes la disolución de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), el organismo estatal creado para indagar sobre el escándalo de la criptomoneda $Libra, promocionada personalmente por el presidente a través de sus redes sociales. La decisión, publicada en el Boletín Oficial bajo el decreto 332/2025 y de manera exprés, marca un preocupante giro hacia el ocultamiento institucional, justo cuando la Justicia comienza a indagar el posible involucramiento directo del jefe de Estado y de su entorno más íntimo Cabe resaltar que .el escándalo lo tiene como principal impulsor de una criptomoneda sospechada de estafa y la trama de impunidad se extiende hasta su hermana Karina, ahora investigada por presunta corrupción.
La UTI había sido creada en febrero, pocos días después del escandaloso tuit presidencial en el que Milei impulsó una criptomoneda que en minutos se disparó en valor y cayó abruptamente, generando sospechas de una operatoria fraudulenta para manipular mercados y estafar a miles de pequeños inversores. En apenas tres meses, la unidad recabó documentación de organismos clave como la UIF, la CNV, el Banco Central, la Secretaría General de Presidencia (a cargo de Karina Milei), la Oficina Anticorrupción y otros. Sin embargo, en lugar de robustecer la investigación, el gobierno decidió cerrarla de forma abrupta.
El argumento oficial: la UTI "cumplió su función" al elevar un informe al Ministerio Público Fiscal. Lo que no se dice es qué contenía ese informe, por qué no se hizo público, ni qué acciones judiciales concretas se desprenden de esa documentación. Lo que sí se sabe es que la jueza María Servini ya ordenó el congelamiento de bienes y activos financieros de los principales implicados y activó una investigación sobre el patrimonio de Javier y Karina Milei, además de los empresarios cripto vinculados al Tech Forum, el evento donde se habría gestado la operación.
Mientras la Justicia comienza a cerrar el cerco, en el Congreso también crece la presión. La oposición impulsa una comisión investigadora que quedó bloqueada por una maniobra del oficialismo, cuando Martín Menem dividió artificialmente los bloques para sumar votos y trabar la elección de autoridades. Una jugada de manual para encorsetar el control legislativo y neutralizar cualquier intento de escrutinio político sobre la estafa.Pero los frentes judiciales no se detienen. En paralelo a la causa de $Libra, avanza otra denuncia de extrema gravedad: Karina Milei fue acusada de recaudar coimas para concertar entrevistas con su hermano, en una operatoria que la describe como "la valijera del gobierno". Esta presentación, ya judicializada, agrega una capa de corrupción institucional pocas veces vista en la historia reciente.
A pesar de la gravedad de los hechos y el nivel de involucramiento del círculo presidencial, ni el ministro de Economía, Luis Caputo, ni el ministro de Justicia, Cúneo Libarona, respondieron aún los pedidos del Congreso para comparecer. Ambos eluden las citaciones mientras el Ejecutivo intenta sepultar el escándalo con decretos y tecnicismos legales. La disolución de la UTI es mucho más que una medida administrativa: es un mensaje político. El gobierno no solo niega cualquier responsabilidad, sino que activa todos los recursos del Estado para blindarse. La Casa Rosada disuelve organismos de control y pretende seguir adelante como si nada hubiese ocurrido.