El Poder Ejecutivo promulgó finalmente la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, pero lo hizo con una salvedad que deja a miles de personas a la espera: su aplicación queda suspendida hasta que el Congreso incluya créditos presupuestarios y fuentes específicas de financiamiento. Así lo dispuso el Decreto 681/2025, que cita el artículo 5° de la Ley 24.629, que dice que toda ley con gasto queda suspendida hasta la inclusión de partidas y el artículo 38 de la Ley 24.156, el cual sostiene la obligación de precisar fuentes de financiamiento. La norma, que había sido vetada en agosto por Milei (Decreto 534/25), fue restituida tras la insistencia del Congreso con mayoría especial en Diputados (20/8) y Senado (4/9). El 8 de septiembre fue enviada al Ejecutivo para su promulgación, y este lunes apareció en el Boletín Oficial.
El decreto firmado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pone en blanco sobre negro la decisión oficial: "El Congreso de la Nación omitió indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones que la aplicación de la Ley N° 27.793 suponen para el Estado Nacional". En ese sentido, Francos recalcó que "resulta imprescindible que toda ampliación de prestaciones se diseñe con criterios de viabilidad financiera, responsabilidad institucional y sustentabilidad en el tiempo".
De esta manera, el Gobierno promulgó la ley pero al mismo tiempo la congeló. En los hechos, nada cambia. No habrá nuevas pensiones no contributivas, no se aplicará la compatibilidad laboral para beneficiarios, no se actualizarán aranceles para prestadores, no se ampliará Incluir Salud y tampoco se pondrá en marcha el refuerzo de la ANDIS. El propio Ejecutivo calculó el costo de la ley: $3,019 billones en 2025 (0,35% del PBI). Solo la Pensión No Contributiva por Discapacidad demandaría $2,16 billones, mientras que el Programa Incluir Salud implicaría $574.200 millones y la compensación a prestadores $278.323 millones.
Según el Gobierno, el crédito disponible sin afectar otros programas sociales es de $2,3 billones, por lo que el financiamiento resulta "insuficiente". Francos ya había adelantado la jugada en una entrevista con Clarín, donde deslizó la responsabilidad hacia la oposición: "No me pueden endilgar a mí que soy el jefe de Gabinete que vea las partidas, cómo las reacomoda; eso no es solución, es una mentira. Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?". El resultado es que, pese a la declaración de emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026 -con posibilidad de prórroga por un año más-, las medidas centrales quedan en suspenso.
Entre ellas, la creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad con un haber equivalente al 70% de la mínima, la compensación a prestadores por la brecha entre aranceles e inflación y la ampliación de cobertura del Programa Incluir Salud. La pulseada política detrás de la medida es clara: Milei vetó la ley, el Congreso la repuso, y el Ejecutivo ahora la congela en los papeles hasta que la oposición defina cómo pagarla. En el medio, miles de personas con discapacidad siguen esperando.