El Congreso nacional inicia este miércoles las sesiones extraordinarias con un menú legislativo que condensa las prioridades políticas del Gobierno de Javier Milei: aprobar el primer Presupuesto de su gestión y avanzar con la "modernización laboral". El inicio coincide con la asunción de los legisladores electos el 26 de octubre y con un nuevo mapa parlamentario más favorable a La Libertad Avanza, que "pasará de 7 a 20 legisladores" en el Senado y tendrá "la primera minoría en Diputados".
El oficialismo se entusiasma con una segunda etapa de gestión en la que, según promete, Martín Menem y Patricia Bullrich trabajarán "como un solo equipo". Pero la foto de unidad contrasta con un escenario legislativo saturado, con solo trece días hábiles para intentar aprobar seis proyectos de alto impacto institucional, económico y laboral. El Gobierno convocó extraordinarias hasta el 30 de diciembre para tratar el Presupuesto, la Ley de Inocencia Fiscal, el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, la "modernización" laboral, un nuevo Código Penal y la modificación de la Ley de Glaciares.
Sin embargo, el oficialismo decidió priorizar el Presupuesto 2026 y busca aprobarlo el 17 de diciembre en Diputados. Tras dos años de prorrogar el Presupuesto de Alberto Fernández, Milei quiere ahora sancionar uno propio, elaborado bajo el mismo paradigma de austeridad que vertebra su programa económico. El proyecto prevé un crecimiento del 5% del PBI, una inflación del 10,1% y un dólar a 1423 pesos en diciembre de 2026. También establece "gastos totales de 148 billones de pesos, con recursos de 148,2 billones", lo que le permite proyectar "un superávit primario de 2,7 billones".
El Gobierno insiste en que "el 85 por ciento de esos recursos son destinados a gastos sociales", aunque ese número convive con un recorte real en el poder adquisitivo de jubilaciones, salarios públicos y programas sociales. En el reparto interno del Presupuesto aparecen prioridades claras: "8 billones para Administración Gubernamental", "7 billones para Defensa y Seguridad", "106 billones para gastos sociales" y "14 billones para la deuda pública". Un esquema que vuelve a confirmar la centralidad del pago de la deuda en la política fiscal del Ejecutivo.
A pesar de su nueva fuerza parlamentaria, La Libertad Avanza necesita sumar 34 votos en Diputados. Las primeras negociaciones serán con el interbloque UCR-PRO, MID y Santa Cruz, que "tienen 22 diputados", y con Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo y Elijo Catamarca, que "pueden aportar otros 15 legisladores". El Gobierno confía además en sumar apoyos de Provincias Unidas, especialmente los vinculados a los gobernadores de Santa Fe y Córdoba, pero esos respaldos están lejos de ser gratuitos. Los mandatarios condicionan su apoyo a definiciones sobre "las cajas previsionales", la autorización para tomar deuda para obras y el compromiso nacional con las rutas paralizadas. Mientras tanto, Martín Menem debe definir hoy mismo la conformación de las comisiones clave para emitir dictamen entre lunes y martes.
El apuro se explica por la urgencia del Ejecutivo y por la advertencia que ya circula en los pasillos del Congreso: "Entre las fiestas y las semanas que ya pasaron, este mes termina teniendo 10 días". Mientras Diputados discute el Presupuesto, el Senado se prepara para la batalla por la reforma laboral. El oficialismo quiere comenzar el debate en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, aunque para eso Milei debe enviar el proyecto, demorado porque "necesita la firma del presidente, que se encuentra de viaje". Recién será girado el jueves, cuando regrese de la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado en Noruega. La reforma ya nace atravesada por tensiones. En una reunión clave, Federico Sturzenegger llegó al Congreso sin su equipo porque "muchos todavía estaban terminando el texto de la reforma laboral".
Y la ausencia de Gerardo Martínez (UOCRA) en el Consejo de Mayo fue leída como un "gesto en rechazo a los cambios en el sistema de trabajo". Uno de los puntos más resistidos -la limitación de las cuotas solidarias- finalmente salió del texto, aunque se mantuvo una modificación que preocupa a los sindicatos: que el pago de cuotas de afiliación, hasta ahora una obligación retenida por las empresas, pase a ser optativo y "siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes".
El Senado, con una comisión de 17 miembros y un oficialismo que apenas controla "19 de los 37 necesarios para el quórum", deberá buscar apoyo en radicales, el PRO y bloques provinciales. Incluso la propia Patricia Bullrich reconoce que los tiempos son apretados: "Difícil que se llegue", advirtió una fuente citada, al recordar el "protocolo de los 7 días entre dictamen y tratamiento en el recinto". La magnitud del temario convierte estas extraordinarias en una carrera contra el propio calendario político. "La meta máxima era la aprobación" de los seis proyectos, pero ya varios parlamentarios admiten que será imposible. Aun así, el Gobierno ya tomó una decisión: habrá nuevas sesiones extraordinarias entre la segunda quincena de enero y fines de febrero. La urgencia legislativa se ha convertido en el sello político de un gobierno que, incluso con mayorías relativas ampliadas, necesita forzar tiempos, negociar contrarreloj y empujar leyes de alto impacto social a velocidad récord.