En un clima de incertidumbre política y tensiones crecientes entre el oficialismo, el sindicalismo y parte del establishment empresario, la Casa Rosada se prepara para convocar a sesiones extraordinarias a partir del 10 de diciembre. Aunque todavía no hay una fecha confirmada, en el Gobierno circula la posibilidad de oficializar el llamado el viernes 5 de diciembre, en un intento por acelerar la aprobación del Presupuesto 2026 y de la reforma laboral que Javier Milei quiere imponer como pieza central de su programa económico. En el entorno presidencial admiten que "no está definido, todo es posible", pero ya se debate abiertamente la duración del período extraordinario. El oficialismo empuja una prórroga extensa que abarque desde el 10 de diciembre hasta fin de año, con reactivación en febrero.
Silenciosamente, Martín Menem impulsa incluso un cronograma más agresivo: sesionar de manera continua desde diciembre hasta fines de febrero de 2026, una presión inédita sobre un Congreso que arrastra tensiones internas y desgaste institucional. El objetivo prioritario del Ejecutivo (la reforma laboral) es, a la vez, su frente de conflicto más caliente. "No hay consenso", advirtió el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, quien en representación del sindicalismo en el Consejo de Mayo adelantó que no están dispuestos a aceptar una redacción que consideran regresiva.
La tensión no se limita al mundo gremial. Incluso dentro del empresariado surgieron fisuras. Martín Rappallini, presidente de la UIA, pidió endurecer aún más las restricciones sobre los juicios laborales, mientras que otros consejeros reclamaron un "equilibrio lógico" que evite una desprotección total del trabajador. Aun así, en Balcarce 50 ya anticipan cómo terminará la discusión: "El Consejo es consultivo, tomamos recomendaciones, pero la impronta es nuestra". En otras palabras, decide Milei. El borrador de la reforma laboral, que circula entre funcionarios y empresarios, avanza de manera sistemática sobre aspectos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo.
La reorganización de las vacaciones es una de las modificaciones más sensibles. El proyecto habilita acuerdos individualizados para alterar el período vacacional, extiende a 45 días la notificación obligatoria y permite fraccionar el descanso siempre que cada tramo dure al menos una semana. También establece nuevas reglas para la remuneración vacacional, abriendo la puerta a cálculos más favorables al empleador y a la liquidación total al inicio del primer tramo cuando el descanso se divida.
A esto se suman cambios profundos en la organización de la jornada laboral: habilitación del banco de horas, flexibilidad en el cálculo del tiempo de trabajo mediante promedios y posibilidad de que los convenios colectivos adapten regímenes según "cambios productivos". La letra fina del proyecto reconfigura la lógica protectoria del derecho laboral y desplaza decisiones clave al terreno de las negociaciones individuales y sectoriales, donde la correlación de fuerzas suele beneficiar al empleador.
El 9 de diciembre el Consejo de Mayo enviará al Congreso el paquete de leyes que materializa el Pacto de Mayo, aunque con dos ausencias significativas: la reforma previsional y la Ley de Coparticipación, pospuestas para futuros debates. Entre las prioridades de diciembre aparece la Ley de Glaciares -un reclamo de gobernadores en busca de habilitar mayor actividad extractiva-, mientras que para febrero se reservará la reforma del Código Penal y la tributaria.
De esta manera, el Ejecutivo busca acelerar los tiempos, presionar al Parlamento y avanzar con un paquete legislativo que redefine relaciones laborales, reduce derechos y amplía la capacidad del Ejecutivo para ordenar la economía según su propia lógica de desregulación. Milei busca llegar a marzo con un andamiaje legal que respalde su programa de shock permanente. Pero el escenario está lejos de ser dócil. Entre resistencias gremiales, dudas empresariales y un Congreso que aún no logra estabilizar su propio funcionamiento, la ofensiva del Gobierno se enfrenta a un límite evidente: la realidad política no siempre obedece a los decretos presidenciales.