Una causa que crece
27 Noviembre de 2025 09:02
La investigación por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ya había generado un terremoto político con once funcionarios desplazados. Pero en los últimos días, el caso dio un giro aún más inquietante: el escándalo comenzó a salpicar a la Oficina Anticorrupción (OA), el organismo que -al menos en teoría- debería prevenir, investigar y denunciar la corrupción dentro del Estado. El protagonista involuntario de esta trama es el abogado Ernesto Camilo Manuel Cordero Fabbri, coordinador del área de Admisión y Derivación de Denuncias de la OA, un cargo estratégico desde el cual se recibe y gestiona toda denuncia por irregularidades en la administración pública. Sin embargo, según revelan los documentos secuestrados en los allanamientos al empresario Miguel Ángel Calvete, imputado por direccionar contratos y gestionar el pago de sobornos, el funcionario aparecía como contacto directo para intervenir ante eventuales operativos policiales.
La información fue dada a conocer por el diario La Nación y el hallazgo fue tan contundente como explícito. En la cocina del búnker de Calvete en la calle Defensa 1364, la Policía encontró una hoja pegada con instrucciones detalladas: qué responder ante preguntas incómodas, a quién negar conocer y, sobre todo, a quién llamar "si es allanamiento". Allí, con nombre y número de teléfono, figuraba el del "Dr. Camilo Cordero Fabbri". El mensaje era claro: si entraba la Justicia, había que avisarle a un funcionario del propio organismo encargado de combatir la corrupción.
El papel secuestrado no era un detalle menor, sino una pieza que encaja con un patrón: Cordero Fabbri no solo se presentó en el allanamiento -como reveló una fuente del caso- sino que además fue abogado de Calvete en la causa por la que este fue condenado en 2019 por explotación económica de la prostitución ajena. Pero no solo eso: el nombre del funcionario aparece también en la lista "Tuco", un cuaderno secuestrado que contiene el "círculo de contactos" del empresario, según describió el fiscal Franco Picardi. La situación es tan comprometedora que incluso generó la reacción pública del diputado Rodolfo Tailhade.
Sin ir más lejos, el legislador denunció que el funcionario posee 18 armas de fuego declaradas y que, pese a todos los indicios, sigue en su puesto dentro de la OA. Ni el titular del organismo, Alejandro Melik, ni el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dijeron una palabra. La contradicción institucional es brutal: un funcionario encargado de gestionar denuncias sobre corrupción estatal apareciendo como asesor de emergencia de un empresario acusado de integrar una asociación ilícita para direccionar contratos dentro de un organismo público.
El expediente ANDIS no deja de ramificarse. Calvete, un viejo conocido de la política —concejal de Cambiemos en La Matanza, asesor de Guillermo Moreno y lobbista de laboratorios— manejaba la trama desde su casa en San Telmo, donde tenía empleados encargados de aplicar un protocolo clandestino para impedir controles. La instrucción principal era simple: negar todo. "ACÁ NO ES", repetía una y otra vez el papel colgado en la cocina. El documento era tan meticuloso que incluía sugerencias para simular desconocimiento, sacarle fotos al personal que tocara la puerta y generar demoras antes de abrir la puerta durante un allanamiento.
La red de protección rodeaba también a su familia. Al momento del operativo, su hija Ornella Calvete -ex funcionaria del Ministerio de Economía- pidió instrucciones a su padre, preocupada porque quince policías estaban en la planta baja de su edificio. Según el fiscal, la joven buscó saber si "Indecomm tiene cash blanco", preocupada por tener "mosssca" a la vista. Cuando los policías se retiraron, Calvete padre solo le recomendó: "Hacete la gila". En su domicilio, la Policía incautó 700.000 dólares, una cifra que habla por sí sola del tamaño del negocio que corría por debajo de la superficie institucional.
A pesar de su rol clave en una causa que involucra sobornos, direccionamiento de contratos, explotación sexual y una posible asociación ilícita interna y externa al Estado, Cordero Fabbri no fue desplazado ni suspendido. Ocupa su cargo desde 2020, nombrado con carácter "transitorio" -una transitoriedad que ya lleva cuatro años- y renovó su contrato año tras año desde 2016. La Oficina Anticorrupción, que debería ser la primera en reaccionar, guarda silencio. El Ministerio de Justicia, también. Y el Gobierno, que ya acumula once funcionarios eyectados por este mismo escándalo, parece decidido a proteger a un hombre que se presentó en persona en la escena del allanamiento.
