El Gobierno nacional volvió a colocar la cuestión migratoria en el centro de su agenda de seguridad. Esta vez lo hizo a través de un anuncio que busca exhibir resultados concretos: en los últimos seis meses fueron expulsados 14.000 extranjeros del país por distintos motivos vinculados a antecedentes penales, alertas internacionales, irregularidades migratorias o incumplimientos de la normativa vigente.
La cifra fue difundida por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, mediante un video publicado en sus redes sociales, donde reivindicó la política de endurecimiento de controles impulsada por la administración de Javier Milei. "Argentina está abierta para quienes vienen a trabajar, a invertir, a respetar y cumplir la ley. Quienes no lo hacen, no tienen lugar", afirmó la funcionaria al presentar el balance oficial.
El anuncio representa una profundización de una estrategia que el Gobierno viene impulsando desde el inicio de la gestión y que combina controles fronterizos más estrictos, operativos de identificación en distintos puntos del país y un discurso que asocia la cuestión migratoria con la seguridad nacional. Los números muestran una aceleración significativa. A fines de enero, Monteoliva había informado que durante apenas dos meses se habían registrado cerca de 5.000 casos entre expulsiones, inadmisiones, capturas y extradiciones. Ahora la cifra alcanza los 14.000 procedimientos en apenas medio año.
Según explicó la ministra, entre los expulsados hay personas con antecedentes penales, ciudadanos alcanzados por alertas rojas de Interpol, individuos con impedimentos legales para ingresar al país, extraditados y extranjeros que intentaron ingresar o permanecer en territorio argentino sin cumplir los requisitos exigidos. La funcionaria incluso había resumido la postura oficial semanas atrás con una frase contundente en redes sociales: "Si sos extranjero y tenés antecedentes, delinquís, querés entrar o estás de manera ilegal, afuera".
El mensaje se inscribe dentro de una narrativa gubernamental que plantea la necesidad de reforzar las fronteras frente a los cambios en los flujos migratorios internacionales. En ese sentido, Monteoliva sostuvo recientemente que "hay una reconfiguración de las migraciones, hoy los movimientos migratorios están orientados hacia países de ingresos medios y esto nos impone la necesidad de imponer controles migratorios". Sin embargo, el enfoque oficial también despertó cuestionamientos de organizaciones especializadas en derechos humanos y de sectores políticos que observan con preocupación la creciente asociación entre migración y criminalidad.
Consciente de esas críticas, la ministra intentó despegar la política de control fronterizo de cualquier acusación de estigmatización. "En ningún momento estamos criminalizando la migración, no es ese el concepto, pero sí sabemos que, si no hay un orden migratorio y si no hay un refuerzo del control fronterizo, eso genera problemas a la seguridad nacional", aseguró la semana pasada. A pesar de esa aclaración, gran parte de la comunicación oficial pone el foco casi exclusivamente sobre casos vinculados a delitos, irregularidades o situaciones de ilegalidad, reforzando una narrativa donde la migración aparece principalmente asociada a riesgos para la seguridad.
Uno de los operativos exhibidos por el Ministerio de Seguridad para respaldar la política fue realizado en la feria de Villa Celina, en el partido bonaerense de La Matanza. Durante ese procedimiento, agentes de la Policía Federal Argentina identificaron a 458 personas, de las cuales 369 eran extranjeras. Mediante sistemas biométricos y el cruce de información con distintas bases de datos estatales, detectaron a 16 ciudadanos en situación migratoria irregular. A estas personas se les labraron actas de Declaración Migratoria y se les exigió regularizar su situación.
El operativo también derivó en el hallazgo de mercadería presuntamente falsificada y teléfonos denunciados como robados. Como resultado, la Justicia ordenó la detención de cuatro ciudadanos bolivianos -tres mujeres y un hombre- vinculados a las irregularidades detectadas. Desde el Gobierno destacan que la utilización de herramientas tecnológicas, como el sistema biométrico Morpho RAPID ID, junto con el fortalecimiento de los controles en pasos fronterizos, permitió alcanzar las cifras actuales. Monteoliva insistió en que el objetivo es claro: "En la Argentina, el que viola la ley, debe hacerse responsable de sus actos".