La tensión entre el Gobierno de Javier Milei y el sistema universitario volvió a escalar en las horas previas a la movilización convocada frente al Congreso para repudiar el veto presidencial a la ley de financiamiento educativo. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, salió a desacreditar la protesta con acusaciones falsas y cargadas de desinformación, en un discurso que parece más orientado a demonizar a los rectores que a atender la crisis presupuestaria que atraviesan las casas de estudio.
En declaraciones a Radio Rivadavia, Álvarez aseguró que "45 de los 65 rectores cobran entre los 10 y los 15 millones de pesos", y los acusó de desviarse fondos "para mejorarse su propio sueldo". El funcionario fue más lejos al afirmar que la protesta busca "instalar una sensación de desgobierno" y que está motorizada por un supuesto plan opositor para "derrocar al Gobierno". "Lo dicen ellos. Escuché a Emilio Monzó y a los líderes del kirchnerismo. El único que no dijo que quiere desgastar y que el Gobierno se vaya fue (Axel) Kicillof", lanzó el funcionario libertario, elevando la temperatura del conflicto político.
Lejos de reconocer el ahogo financiero que denuncian las universidades, Álvarez calificó de "terrorismo" los reclamos por desfinanciamiento. "Todo el otro aspecto del arco ultra opositor está en ese juego de desgaste. Eso es lisa y llanamente la definición de terrorismo, que es sembrar el miedo entre la población", sostuvo, en una declaración que generó repudio inmediato en la comunidad académica. "Tenemos todos los pedidos de financiamiento extra, porque es lógico, hubo un aumento de las tarifas y hubo cambios en los contratos de las empresas que brindan seguridad en los predios universitarios", detalló Álvarez.
Y aclaró: "Atendiendo a eso fuimos una por una analizando los pedidos de ampliación de presupuesto y se fueron pagando. Incluso la UBA hace muy poquito pidió una segunda ampliación de 33.000 millones que se le asignó, lo que con la ampliación anterior que tuvo a principio de año, suma más de 80.000 millones". En paralelo, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, sumó combustible con un cruce en redes sociales contra Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, al que acusó de tener un salario "seis veces" superior al de un ministro. Pero la respuesta del dirigente radical fue categórica: publicó su recibo de sueldo y desmintió el relato oficial.
Yacobitti mostró que percibe $1.8 millones, muy lejos de los $15 millones que le atribuyó el gobierno. "Lo que dice es falso. Por el cargo que ocupa tiene toda la información para averiguarlo. Ahora no solo ratifico que no tiene empatía sino que además es mala persona. Acá le dejo mi recibo de sueldo", replicó el vicerrector de la UBA. De esta manera, mientras el oficialismo se enreda en acusaciones desmentidas con papeles en mano (Caputo aun no mostró su recibo de sueldo), las universidades insisten en que el presupuesto aprobado es insuficiente y que los aumentos otorgados por el Ejecutivo no alcanzan para cubrir las subas de tarifas.
De hecho, las autoridades sostienen que el presupuesto tampoco alcanza para cubrir los contratos de servicios básicos ni la recomposición salarial de docentes y no docentes. Sin embargo, para Álvarez, los pedidos de recursos son "una exageración" y la UBA es la única que "no cumple" con los controles de compras. "Es importante destacar que la mayoría de las universidades lo cumplen a esto, salvo la UBA, que no muestra en ningún lado cuál es su sistema de compras", sentenció Álvarez.