El Gobierno decidió otra vez modificar el Presupuesto por fuera del Congreso y a través de un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 849/2025), publicado este lunes en el Boletín Oficial, ampliando partidas clave para salarios estatales, programas sociales, salud, seguridad, educación, pensiones y, también, para el pago de la deuda pública. Es el primer DNU presupuestario firmado bajo la gestión de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, y llega en un contexto en el que el Ejecutivo vuelve a respaldarse en la extensa emergencia pública declarada en el DNU 70/23 y refrendada por la Ley Bases.
La justificación oficial se repite casi calcada: "dada la emergencia económica actual, es necesario que el Gobierno Nacional pueda asegurar una distribución razonable de sus recursos con el fin de poder cumplir con sus obligaciones". El texto advierte incluso que, "de no realizarse la adecuación del presupuesto de forma inmediata, peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales cuyo responsable es el Estado Nacional".
Pero detrás de la retórica de urgencia, la medida deja al descubierto un hecho estructural: el Gobierno vuelve a gobernar por decreto los números centrales del Estado, algo que contrasta con sus propios discursos de austeridad y transparencia fiscal. La ampliación presupuestaria incorpora recursos a múltiples áreas. Según la normativa, los fondos se utilizarán para gastos en personal, equipamiento, subsidios, becas, compensaciones y transferencias, además de programas operativos de cada jurisdicción.
En Seguridad, el Gobierno refuerza los créditos vinculados a la Dirección del Registro Nacional de Datos Genéticos de Delitos contra la Integridad Sexual, que pasa de Justicia a Seguridad. También habrá un incremento para la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, para afrontar aumentos salariales y el pago de sentencias previsionales. La misma lógica se replica en Defensa, con más recursos para el Instituto de Ayuda Financiera de Retiros y Pensiones Militares.
En Salud, el DNU destina refuerzos para programas nacionales y para hospitales de alta complejidad como el Garrahan, El Cruce, Cuenca Alta "Néstor Kirchner", René Favaloro, Presidente Néstor Kirchner y el Bicentenario Esteban Echeverría. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) también recibe un aumento presupuestario para "atender el pago de pensiones no contributivas" y para el subsidio extraordinario que se otorga a esos mismos beneficiarios a través de ANSES. Una señal de la tensión que atraviesa el sistema de prestaciones en un año de recortes previos y crecientes reclamos judiciales.
El Ministerio de Capital Humano amplía partidas para la Prestación Alimentar, mientras que Educación suma recursos para salarios docentes y no docentes universitarios, compra de computadoras, Becas Progresar, comedores escolares y la Universalización de la Jornada Extendida. La Secretaría de Trabajo también recibe aumentos para financiar los programas Volver al Trabajo, Fomentar, Intercosecha y las prestaciones por desempleo. ANSES incrementa sus fondos para prestaciones previsionales, en línea con el impacto de la Ley de Movilidad, además de gastos en asignaciones familiares, el Programa 1000 Días, transferencias al PAMI y el pago de la Prestación Mensual de Oncopediatría.
En paralelo a los aumentos en áreas sensibles, el Gobierno readecúa los créditos del Servicio de la Deuda Pública para poder afrontar los pagos del año y las obligaciones del Tesoro. Entre esas erogaciones figuran refuerzos para el BID Invest, financiamiento a empresas y organismos públicos -Radio y TV Argentina, Casa de Moneda, YCRT, Belgrano Cargas, SOFSE, ACUMAR, ENARD- y otras unidades en déficit crónico.
El DNU también autoriza al Ministerio de Economía a "modificar, transformar, disolver o liquidar" el Fondo de Desarrollo Gasífero Argentino (FONDESGAS), para evaluar un nuevo esquema de financiamiento de obras de transporte de gas. Una señal de reestructuración profunda en el área energética. De esta manera, mientras el Gobierno presenta esta ampliación como una respuesta técnica a la emergencia, la decisión vuelve a poner en escena la falta de discusión parlamentaria sobre las cuentas públicas y la consolidación de una administración que depende -cada vez más- de decretos para sostener su funcionamiento.