El Gobierno nacional eligió un formato directo: un video de poco más de un minuto, estética de campaña y un mensaje sin matices. Allí, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció el endurecimiento de la política migratoria argentina. "Soy Alejandra Monteoliva, Ministra de Seguridad Nacional. Este es un mensaje claro. Las normas migratorias en Argentina se endurecieron", comienza el clip difundido por las cuentas oficiales del ministerio.
El tono no cambia a lo largo del video. "Quien intenta ingresar de manera ilegal o posea antecedentes penales no podrá hacerlo. Y el extranjero que delinque dentro del territorio será identificado, expulsado y no podrá volver a ingresar", afirma la funcionaria. La consigna oficial también fue publicada por escrito: "LOS CONTROLES MIGRATORIOS SE ENDURECIERON... En esta Argentina: EL QUE LAS HACE, LAS PAGA", agregaron con mayúsculas.
La narrativa del anuncio está centrada en la recuperación del control estatal y en la asociación entre migración y delito. "Bajo el liderazgo del presidente Milei, el Estado recuperó el control de sus fronteras y la ley se cumple sin excepciones", sostiene Monteoliva. Y agrega: "Durante años, la falta de controles permitió que el crimen organizado, el narcotráfico y la trata de personas operaran en nuestras fronteras. Esa etapa terminó".
El ministerio detalló que se intensificarán operativos en pasos fronterizos, rutas, terminales y "zonas estratégicas" con sistemas de identificación y verificación de antecedentes. Además, quienes estén en situación irregular deberán "regularizar su situación o abandonar el país". El mensaje final resume la lógica oficial: "La Argentina que viene será un país grande y lleno de oportunidades para quienes respeten las normas. Pero quien elija violarlas enfrentará consecuencias".
Lo cierto es que la política busca replicar el esquema de control migratorio aplicado en Estados Unidos. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que el cambio no responde a un problema concreto sino a una decisión ideológica. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señaló que la eventual Agencia de Seguridad Migratoria y las medidas adoptadas convierten a los migrantes en un blanco político. Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del organismo, advirtió en diálogo con El Destape que copiar el sistema del ICE estadounidense es "un paso enorme hacia un Estado mucho más autoritario".
Según el especialista, el Ejecutivo modifica la política sin reformar la ley: "El Estado antes buscaba a personas migrantes sin papeles para ayudarlas a regularizar su situación. Ahora las persigue como si fueran una amenaza a la sociedad". También cuestionó el trasfondo social de la medida: la construcción de un "chivo expiatorio" sobre migrantes pobres para generar temor y rédito político. El endurecimiento migratorio aparece en un contexto donde el Gobierno busca reforzar su agenda de orden público. Pero la estrategia se apoya en un vínculo discursivo directo entre migración y delito, una asociación que especialistas consideran problemática.