La historia del oro argentino suma un nuevo capítulo de oscuridad y contradicciones. En el marco de la causa que se tramita en Estados Unidos por la estatización de YPF, el Gobierno nacional rechazó un pedido judicial para revelar la ubicación de las reservas de oro del país, una información sensible que los beneficiarios del fallo por US$16.000 millones buscan para detectar activos embargables. La presentación fue incorporada al expediente que tramita ante la jueza Loretta Preska y fue dada a conocer por el especialista Sebastián Maril, quien detalló que la negativa oficial se ampara en un argumento formal: el oro pertenece al Banco Central y, por tratarse de una entidad "independiente", el Tesoro asegura no tener acceso a esa información.
La explicación no solo resulta endeble, sino que profundiza las sospechas. En el mismo escrito, el Gobierno también rechazó el pedido para que el ministro de Economía, Luis Caputo, se presente a declarar y dé precisiones sobre el destino de los lingotes. Según la respuesta oficial, el Ejecutivo "hará el pedido correspondiente" al Banco Central, una maniobra dilatoria que contrasta con la urgencia del caso y con la magnitud del riesgo patrimonial que enfrenta la Argentina en tribunales extranjeros. Mientras tanto, el país aguarda la resolución de la Corte de Apelaciones, a la que el Estado recurrió tras el fallo adverso de Preska.
El trasfondo de esta negativa remite a un escándalo que estalló a fines de 2025 y que todavía no encuentra respuestas. En diciembre, la Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) revelar información concreta sobre el paradero de los lingotes de oro enviados al exterior, presuntamente a Londres, bajo la órbita del ministro Caputo y del titular del BCRA, Santiago Bausili. Hasta entonces, la autoridad monetaria había bloqueado cualquier acceso a los datos invocando de manera genérica las excepciones de la Ley de Acceso a la Información Pública, un "no se puede" sin fundamentos técnicos ni pruebas de riesgo real.
La Asociación Bancaria fue clave para desarmar ese cerrojo. En su apelación, el gremio denunció que el Banco Central se limitó a calificar la información como "reservada" sin explicar de qué manera su difusión podía afectar la seguridad de los activos. El planteo fue más allá y puso el foco en el núcleo del problema: negar esa información impide el control social y democrático sobre decisiones que impactan en la economía nacional, el valor de la moneda, la política financiera y la soberanía económica. En términos simples, si nadie sabe dónde está el oro, nadie puede garantizar que esté a salvo.
El Poder Judicial fue contundente. La Sala V del fuero contencioso sostuvo que, dado el reconocimiento público del propio Estado sobre el envío de lingotes al exterior -confirmado incluso por información periodística-, la reserva absoluta de los datos violaba los principios de transparencia, máxima divulgación y buena fe. El fallo desnudó la fragilidad de los argumentos oficiales al señalar que se trataba de afirmaciones genéricas incapaces de demostrar un peligro concreto para el sistema financiero.
La orden judicial dejó al BCRA frente a preguntas inevitables: cuántos lingotes se enviaron, quién lo autorizó, dónde están exactamente, si existen seguros que cubran las operaciones y por qué se montó un esquema de secreto casi total. Lejos de aclarar el panorama, el paso del tiempo agravó el conflicto. En septiembre de 2024, el Banco Central había comunicado que había realizado "exitosamente" transferencias de parte de sus reservas en oro entre distintas cuentas y prometido que la Auditoría General de la Nación tendría acceso pleno a la información.
Un año después, la AGN denunció públicamente que el organismo no solo incumplió esa promesa, sino que entorpece cualquier intento de control. "No podemos saber dónde está específicamente el oro", reconoció el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, ante la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas del Congreso, luego de dar por agotado un intercambio burocrático que nunca condujo a datos verificables. La situación alcanzó niveles insólitos cuando el Banco Central ofreció a los auditores "ver" la información desde sus propias computadoras, sin permitir copias, fotografías ni toma de notas, una modalidad que, según la AGN, vuelve imposible una auditoría real.
Frente a este bloqueo, la Comisión Bicameral evalúa citar a Bausili al Congreso e incluso avanzar con acciones judiciales, en un clima de creciente tensión institucional. Las versiones sobre el destino del oro se multiplican y ninguna es tranquilizadora. Se habla de lingotes en Londres, en Suiza o incluso de operaciones de conversión en liquidez, es decir, ventas o usos financieros del activo. El propio Caputo reconoció que parte del oro fue trasladado a Londres para "obtener rentabilidad en dólares", en una estrategia de carry trade que, según estimaciones, habría involucrado unos 1.500 lingotes valuados en alrededor de 250 millones de dólares.
Para los críticos, esa maniobra no solo es riesgosa desde el punto de vista financiero, sino también peligrosa en términos legales: expone activos estratégicos del país a eventuales embargos en el marco de juicios internacionales como el de YPF o el Cupón PBI. El diputado nacional Sergio Palazzo advirtió tempranamente sobre este escenario y recordó un antecedente inquietante: en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, el entonces presidente del BCRA Federico Sturzenegger -hoy ministro de Desregulación- ejecutó una operación similar enviando oro a Londres bajo el mismo argumento de rentabilidad.
Aquella decisión fue duramente cuestionada y hoy se repite, con los mismos protagonistas y la misma lógica, bajo el discurso libertario. La diferencia es que ahora el contexto judicial es mucho más delicado y la falta de transparencia más evidente. La Ley 24.156 obliga al Banco Central a entregar documentación a los organismos de control, pero esa obligación ha sido ignorada sistemáticamente. En paralelo, el Gobierno se ampara en formalismos para no informar a la justicia estadounidense ni permitir que su propio ministro de Economía dé explicaciones.