La renuncia de José Luis Espert como primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires generó un verdadero terremoto en el seno de La Libertad Avanza. La decisión, tomada en cuestión de horas el finde semana, dejó al oficialismo sumido en un laberinto político, judicial y financiero que amenaza con extenderse hasta las elecciones. En diálogo con Eduardo Feinmann en radio Mitre, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció el desconcierto que reina en el Gobierno: "Desconozco completamente qué está pasando", admitió. Consultado sobre la posibilidad de una "reimpresión de boletas" tras la salida de Espert, el funcionario advirtió que "es un tema que hoy estará en la Justicia Federal de La Plata", y que será el juez quien determine "si dan los plazos o no dan los plazos para imprimir una boleta diferente".
Francos explicó que "no es solamente la impresión de boletas, sino que eso sigue un cronograma que tiene distintas estaciones", mencionando la preparación de las bolsas, su distribución judicial y la asignación de cada conjunto con código de barras a una mesa específica. En otras palabras, cualquier cambio implica reiniciar una maquinaria electoral que ya está en marcha. El problema central es que gran parte del material ya está impreso.
Según altas fuentes de la Casa Rosada, el 80% de las boletas ya fue producido, pese a que en un principio se hablaba del 50%. Esto implicaría tener que reimprimir la totalidad de las Boletas Únicas de Papel (BUP), lo que elevaría el costo a unos 15 mil millones de pesos, equivalentes a 37.845 jubilaciones mínimas. El debate sobre quién debe pagar semejante gasto encendió otra mecha. Mientras Francos sostuvo que "si el juez dice que lo tiene que pagar La Libertad Avanza, tendrá que pagar La Libertad Avanza", desde el propio oficialismo aseguran que el costo debe ser asumido por el Ministerio del Interior, que encabeza Lisandro Catalán.
Cabe destacar que se trata de un funcionario que responde directamente a Francos. "El partido no tiene los 10 millones de dólares. Tendrá que ver cómo los obtiene, cómo los junta. Tendrá que requerir apoyos, donaciones, etc", admitió el jefe de Gabinete. Pero el dinero no es el único problema. En paralelo, el Gobierno intenta imponer a Diego Santilli como reemplazante de Espert en la lista bonaerense, desplazando a Karen Reichardt, segunda en la nómina. Para justificar el movimiento, el oficialismo invoca una interpretación del Artículo 7 del Decreto Reglamentario 171/2019, que permitiría un reemplazo "varón por varón".
Sin embargo, expertos electorales y dirigentes opositores cuestionan la maniobra. Malena Galmarini anunció que presentará un escrito ante la Cámara Electoral para impedirlo: "No aplica género por género en el primer lugar porque no modifica la paridad de la lista. Si lo mueven, hay que mover toda la lista. Es necesario que encajen en mujeres", advirtió en su cuenta de X. En las redes y entre juristas se recordó que el caso Niembro-Lospennato de 2015 no es aplicable, ya que el decreto vigente fue aprobado cuatro años después.
Además, la jurisprudencia sobre reemplazos por fallecimiento, como el de Lucila Crexell en el Senado, tampoco sería extrapolable a la Cámara baja, donde hay 35 candidatos titulares. Mientras tanto, el tiempo juega en contra. El Código Nacional Electoral establece que las impugnaciones sobre el diseño de boletas deben realizarse con 60 días de antelación a los comicios, plazo que ya venció. Según responsables de logística electoral, "hay boletas que ya se están repartiendo en todo el país", lo que hace prácticamente imposible reiniciar el proceso.
Aun así, Javier Milei confirmó en LN+ que quiere a Santilli como cabeza de lista, respaldado por Francos. Pero la decisión final recae en el juez Ramos Padilla, quien deberá definir si habilita o no el cambio en medio de una tormenta jurídica, logística y política.