A pesar de que el Gobierno nacional avanza con el Plan Colchón, ideado para seducir a los argentinos a sacar los dólares guardados bajo el colchón y volcarlos al consumo formal, los gobiernos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires marcaron un freno: sin leyes claras, no hay adhesión posible. En reuniones mantenidas en los últimos días con Juan Pazo, director ejecutivo de la flamante Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), tanto funcionarios porteños como bonaerenses coincidieron -por separado- en exigir seguridad jurídica y un marco normativo claro, como condición indispensable para acompañar esta iniciativa de blanqueo de capitales.
El reclamo de Axel Kicillof se centró en la necesidad de que el plan cuente no sólo con respaldo legal para quienes blanqueen dinero, sino también protecciones específicas para los agentes de recaudación, a fin de evitar eventuales procesos judiciales contra ellos en el futuro. "No se modificó ni el régimen penal tributario, ni el Código Fiscal, ni la normativa contra el lavado. Sin ley, este anuncio no tiene sustento", advirtió Cristian Girard, titular de ARBA, tras el encuentro con Pazo. "Cualquier esquema de blanqueo debe pasar por el Congreso", insistió, señalando que el actual diseño del plan podría exponer a quienes lo implementen a consecuencias legales no deseadas.
Desde la Ciudad, la respuesta fue similar. El ministro de Hacienda, Gustavo Arengo, y el titular de AGIP, Gustavo Krivocapich, se mostraron abiertos al diálogo pero remarcaron la necesidad de que el Congreso sancione una ley para dar sustento a cualquier esquema de regularización de activos. "Tenemos una actitud propositiva. Vamos a acompañar lo que incentive el crecimiento económico y reduzca burocracia, pero necesitamos conocer los detalles del intercambio de información fiscal y la propuesta concreta", expresó Arengo.
Los gestos de cautela de Jorge Macri y Axel Kicillof llegan en un contexto tenso con la Casa Rosada. Mientras el gobernador bonaerense mantiene una disputa abierta con el Ejecutivo por la coparticipación y los fondos provinciales, el jefe de Gobierno porteño fue deliberadamente ignorado por Milei durante el Tedeum del 25 de mayo, en una escena que dejó en evidencia la distancia política.
Desde ARCA aseguraron que las reuniones fueron "positivas", pero reconocieron que no hubo avances concretos, al menos por ahora. La única provincia que ya firmó un convenio de adhesión al Plan Colchón es Catamarca, que acordó fortalecer el intercambio de información fiscal, implementar un régimen simplificado de Ganancias y evitar nuevas cargas burocráticas.
Mientras tanto, el Gobierno nacional se prepara para enviar al Congreso un paquete de leyes que incluirá, entre otros puntos, la reducción del plazo de prescripción de deudas fiscales de cinco a dos años, en un intento por generar condiciones más atractivas para quienes tienen dinero informal y están considerando regularizarlo. Pero sin apoyo de los dos distritos más relevantes del país -que concentran más del 50% de la actividad económica nacional-, el plan para despertar los dólares dormidos sigue en pausa. Y por ahora, más que un colchón para la economía, Milei tiene un desafío jurídico y político que resolver.