El nuevo Presupuesto 2026 presentado por Javier Milei dejó al desnudo uno de los recortes más crueles y silenciosos de la política oficial: el ajuste sobre los jubilados. A diferencia del proyecto de 2025 -que nunca fue aprobado pero destinaba $390.050 millones al pago de sentencias previsionales reconocidas en sede judicial y administrativa-, el texto que ingresó al Congreso este lunes prevé apenas $212.288 millones.
El recorte nominal es del 45%, pero si se descuenta la inflación proyectada, el ajuste real trepa a casi el 60%. El dato refleja una decisión clara: el Gobierno opta por seguir dilatando las deudas con los adultos mayores, aun cuando la ley obliga a cancelar las sentencias firmes en un plazo de 120 días. La realidad es muy distinta. Según estimaciones, la ANSeS acumula 270.000 juicios previsionales, de los cuales 90.000 ya cuentan con sentencia firme pendiente de pago.
En los hechos, cada año se abonan apenas entre 35.000 y 40.000 causas, lo que mantiene intacto el stock de expedientes. El panorama es todavía más crítico porque, de acuerdo a lo informado por Clarín, en julio de este año, la ANSeS resolvió separar la actualización de haberes corrientes del pago de retroactivos. Así, mientras se priorizan algunos reajustes sobre los ingresos mensuales, los montos retroactivos -que muchas veces representan años de espera para los jubilados- siguen sin definirse.
La maniobra implica que miles de beneficiarios continúan atrapados en un limbo judicial y administrativo. Los fallos que originaron la catarata de juicios tienen nombres propios que ya forman parte de la historia previsional argentina: unos corrigieron los magros aumentos otorgados entre 2002 y 2006; otro en 2009 ajustó el cálculo de haberes iniciales o ratificaron el uso del índice ISBIC para beneficiar a quienes se jubilaron antes de 2018.
A ellos se suman reclamos más recientes, donde la Cámara de la Seguridad Social declaró inconstitucional el aumento del 5,71% aplicado en 2018, ordenando una recomposición del 14,5%. Todos tienen un denominador común: la ANSeS apeló, la Corte Suprema demoró y los jubilados esperan. La lista de demandas no se agota allí. También hay presentaciones por la anulación de pensiones por discapacidad, por el descuento de Ganancias en jubilaciones, por topes mal aplicados, por mala liquidación de sentencias e incluso por la inconstitucionalidad de los aumentos por decreto de 2020.
En paralelo, la pirámide previsional se deformó con bonos congelados para los haberes mínimos y sin compensación para los jubilados medios y altos, que acumulan pérdidas frente a la evolución salarial de los trabajadores activos. Lo que asoma en el Presupuesto 2026 no es un simple ajuste contable, sino una definición política. El Gobierno se desentiende de la deuda judicial con los jubilados, mientras proclama que cumple con el FMI y prioriza el equilibrio fiscal. El costo del superávit, una vez más, recae sobre quienes menos margen tienen para resistirlo: los adultos mayores que litigan durante años para que el Estado reconozca lo que les corresponde por derecho.
La decisión de Milei implica, en los hechos, institucionalizar el incumplimiento. Con un presupuesto que no alcanza para cubrir ni una fracción de las sentencias pendientes, los juicios seguirán acumulándose y los fallos, aun cuando sean firmes, seguirán siendo letra muerta. La paradoja es cruel: el Estado que exige "contratos inviolables" en la economía de mercado es el mismo que se burla de sus propias obligaciones legales y judiciales con los jubilados.