En una jornada de alto voltaje político, el Senado de la Nación aprobó nuevamente la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, dejando sin efecto el reciente veto de Javier Milei. Con una mayoría contundente, la votación terminó con 63 adhesiones y solo 7 rechazos, constituyendo un nuevo traspié para la Casa Rosada. La norma, de orden público y alcance nacional, establece una serie de medidas centrales.
Entre ellas, que las pensiones no contributivas por discapacidad representen el 70% del haber mínimo jubilatorio y que sus beneficiarios puedan trabajar mientras no superen los dos salarios mínimos. Además, dispone que se cancele la deuda con prestadores de salud, que los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas se actualicen mensualmente según la inflación, y que se otorgue una compensación de emergencia financiada con recursos del Tesoro Nacional.
Según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal rondará entre 1,8 y 3,6 billones de pesos, dependiendo del número de nuevas altas que se incorporen al sistema, entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios. También se prevé que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) -en el ojo de la tormenta a causa de los audios de su ex titular Diego Spagnuolo- realice auditorías transparentes y con garantías de debido proceso para evaluar los beneficios vigentes.
El debate en el recinto estuvo cargado de tensiones y dejó en evidencia la soledad política del oficialismo. El primero en hablar fue el peronista pampeano Pablo Bensusán, quien cuestionó con dureza al Presidente: "Vetó que las personas con discapacidad puedan acceder a una pensión equivalente al 70% de la mínima. Ese 'gasto' es la diferencia entre que puedan realizar terapias o queden condenadas al olvido. Si el Estado para ahorrar necesita maltratar a la gente, no está ahorrando, los está abandonando".
En la vereda contraria, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, del PRO, se diferenció de su bloque y justificó su aval al veto: "Considero que esta ley no hace falta, pero aprovecho para pedir públicamente al ministro de Salud que se aumenten los aranceles para que las personas con discapacidad puedan seguir teniendo las prestaciones que necesitan". Desde Juntos por el Cambio, Guadalupe Tagliaferri (CABA) lanzó un mensaje directo al oficialismo: "La libertad no es dejar solas a las personas con discapacidad. Hay que eliminar barreras en salud, infraestructura y educación. Por eso tiene que intervenir el Estado".
El santacruceño José María Carambia fue todavía más categórico: "Si Milei no cumple esta ley, seré el primero en presentar un juicio político. No vamos a permitir que la gente con discapacidad siga en esta situación vergonzosa". En las filas libertarias, Francisco Paoltroni intentó correr la discusión hacia el kirchnerismo, recordando que "las pensiones pasaron de 80.000 a 1.250.000 y nadie advirtió que se estaba 'discapacitando' gente como nunca en la historia". Su intervención derivó en un fuerte cruce con el jefe del bloque kirchnerista, José Mayans, quien lo increpó: "Cállese, maleducado. Hijo de Milei. No entiende nada, ignorante".
El cierre estuvo marcado por las ausencias: Vilma Bedia, oficialista y pastora evangélica, y el kirchnerista José Rodas, que no participaron de la votación. Mientras tanto, Ezequiel Atauche, jefe de bloque de La Libertad Avanza, había quedado anotado como último orador pero desistió de intervenir. La ratificación de la ley constituye no solo un triunfo de la oposición unificada, sino también un golpe inédito a la estrategia política de Milei. Después de más de dos décadas, un veto presidencial volvió a ser derribado en el Congreso, y lo fue en un tema particularmente sensible: la protección de los derechos de las personas con discapacidad.
Qué establece la ley de emergencia en discapacidad:
- Se establece que la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026.
- La presente ley es de orden público y rige en todo el territorio nacional.
- Se establece una actualización las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.
- Se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el INDEC.
- Las pensiones no contributivas serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.
- Las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos.
- El Poder Ejecutivo Nacional deberá financiar con recursos del Tesoro nacional una compensación de emergencia a los prestadores.
- La oficina de Presupuesto del Congreso determinó que el impacto fiscal por el aumento de las pensiones significa un refuerzo fiscal de 1.889.371 millones de pesos y 3,627.495 millones.
- La diferencia del impacto fiscal se debe al numero de beneficiarios "por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios" que podrían suceder con la nueva ley., sostuvo la OPC.
- La Agencia Nacional de Discapacidad realizará una auditoria con el objeto de realizar una evaluación justa, transparente, basada en criterios de salud y en un análisis integral de la situación socioeconómica de los beneficiarios.
- El procedimiento de auditoría deberá* garantizar notificaciones fehacientes y el debido proceso inclusivo, que aseguren la plena participación. y el acceso claro a la información.
- Los empleadores que tomen trabajadores con certificados de discapacidad por tiempo indeterminado serán eximidos del pago del cincuenta por ciento (50%) de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones por tres años.