El Gobierno enfrenta uno de los mayores escándalos de corrupción desde el inicio de la gestión de Javier Milei. A los ya confirmados allanamientos en la casa de José Luis Espert y en su despacho en el Congreso, se le sumó los ocurridos en simultáneo -al menos 25 en total- en el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) realizados en domicilios particulares y droguerías de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello y solicitada por el fiscal Franco Picardi en el marco de la causa por presuntas coimas y direccionamiento de compras de medicamentos de alto costo.
Según fuentes judiciales, los procedimientos se originaron a partir de "graves irregularidades" detectadas en las contrataciones del organismo, que maneja un presupuesto de más de $3,7 billones anuales. La investigación apunta a determinar si hubo sobreprecios, compras sin trazabilidad y adjudicaciones amañadas a determinados laboratorios y droguerías, entre ellas Suizo Argentina. Por el momento, no se dispusieron detenciones, pero la Justicia busca documentación, celulares y dispositivos electrónicos que permitan reconstruir el circuito de corrupción.
La causa estalló a raíz de los audios filtrados del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se mencionan presuntos pedidos de coimas a laboratorios y se alude a dos nombres que estremecieron a la Casa Rosada: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial Eduardo "Lule" Menem. En las grabaciones, Spagnuolo describe cómo se habría armado un esquema paralelo de recaudación ilegal vinculado a contrataciones directas, adjudicaciones sin control y retornos por la provisión de medicamentos de alto costo.
El teléfono celular de Spagnuolo, secuestrado durante los primeros allanamientos de septiembre, fue hallado completamente vaciado de datos. Las pericias de la Policía Federal confirmaron que toda la información había sido eliminada, lo que encendió nuevas alarmas sobre un posible intento de encubrimiento. Ante esa situación, el juez Casanello reimplantó el secreto de sumario y amplió la investigación hacia nuevos involucrados. En el Congreso, el escándalo ya tuvo impacto político. La Cámara de Diputados aprobó la interpelación de Karina Milei, del ministro de Salud, Mario Lugones, y de los ministros Luis Caputo y Guillermo Francos.
Todos ellos deberán dar explicaciones el próximo miércoles 15 de octubre. La oposición exige que se transparente el flujo de fondos de la ANDIS y se esclarezcan las responsabilidades políticas detrás de un sistema de compras que, según los investigadores, operó sin controles reales. Mientras tanto, el Gobierno intenta contener los daños. A través del Decreto 601/2025, publicado este miércoles, la administración dispuso una "intervención y modernización" de la ANDIS bajo la órbita del Ministerio de Salud, con el argumento de mejorar la "eficiencia y transparencia" del organismo.
El Ejecutivo habilitó además un portal público con el detalle de las contrataciones, pero la medida fue leída como un intento de control de daños frente al avance judicial. La Agencia Nacional de Discapacidad, creada con el fin de garantizar derechos y asistencia a personas con discapacidad, quedó convertida en el epicentro de una trama de sospechas que mezcla negocios, poder y vulnerabilidad social. La investigación judicial avanza sobre un terreno donde la corrupción no solo implica un desvío de fondos, sino una afrenta directa a los sectores más desprotegidos. Con el secreto de sumario restablecido y nuevas pruebas en análisis, el caso promete escalar aún más.