Cada vez más complicado
09 Octubre de 2025 09:02
El escándalo que envuelve a José Luis Espert ya trascendió los límites del Congreso. Este miércoles, por pedido del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, la Cámara de Diputados autorizó el allanamiento del domicilio y las oficinas del diputado de La Libertad Avanza, imputado en una causa por lavado de dinero relacionada con el financiamiento recibido del empresario narco Fred Machado. El episodio, que ya se convirtió en uno de los mayores bochornos políticos del oficialismo libertario junto al escándalo del caso $Libra y el cobro de coimas en la ANDIS, dejó a Espert completamente aislado y sin respaldo dentro de su propio espacio.
El procedimiento, aprobado por 215 votos afirmativos y tres abstenciones, se realizó bajo las estrictas normas de la ley de fueros, que impide allanar el domicilio o las oficinas de un legislador sin autorización de la Cámara correspondiente. En la noche del miércoles, las oficinas de Espert en el Anexo del Congreso lucían fajas de seguridad tras la intervención judicial. El economista liberal, que días atrás había presentado su renuncia a la candidatura para renovar su banca y a la presidencia de la Comisión de Presupuesto, terminó solicitándole al presidente de la Cámara, Martín Menem, una licencia sin goce de sueldo hasta el 8 de diciembre.
Sin embargo, mientras el pedido no sea tratado en una sesión ordinaria, conservará sus fueros y, por lo tanto, su inmunidad parlamentaria. La causa que lo involucra es cada vez más comprometedora. Según confesó el propio Espert, Machado -actualmente con pedido de extradición a Estados Unidos por narcotráfico y fraude- le transfirió 200 mil dólares en enero de 2020. El diputado intentó justificar la operación alegando que se trataba de un adelanto por un "servicio de consultoría", aunque los investigadores sospechan que el vínculo fue parte de una maniobra para blanquear dinero proveniente del narcotráfico.
El contrato entre ambos, firmado poco después de la campaña presidencial de 2019, establecía pagos por un millón de dólares, aunque la Justicia aún desconoce si Espert recibió la totalidad del monto. El fiscal federal Federico Domínguez imputó al diputado por lavado de activos, señalando que su campaña electoral pudo haber funcionado como pantalla para el ingreso de fondos ilícitos al circuito financiero. En el recinto, el clima fue de tensión y malestar. La diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica, impulsó la moción para autorizar las medidas de prueba solicitadas por el juez Mirabelli, lo que derivó en una sesión exprés.
De esta manera, el oficialismo no tuvo margen para frenar el avance judicial. Incluso, algunos legisladores de La Libertad Avanza reconocieron en voz baja que el daño político ya es irreversible. El presidente de la Cámara, Martín Menem, intentó contener la situación informando que la licencia de Espert será sin goce de haberes, pero la decisión no logró calmar las críticas. La oposición reclamó directamente su desafuero, argumentando que "no puede haber inmunidad para la impunidad".
Espert evitó renunciar a su banca porque su reemplazo sería Hugo Bontempo, dirigente del mismo espacio liberal que integra el economista Roberto Cachanosky, un duro crítico del presidente Javier Milei. En otras palabras, el gobierno libertario prefirió sostener al diputado cuestionado antes que habilitar el ingreso de un opositor interno al bloque. El juez Mirabelli, por su parte, avanza con sigilo. El expediente permanece bajo secreto de sumario y las autoridades judiciales solicitaron expresamente "evitar la publicidad del oficio y sus pormenores". Sin embargo, las imágenes de las fajas de clausura en el despacho del diputado ya recorren los medios y multiplican las sospechas.
