La crisis que atraviesa la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ya dejó de ser un episodio aislado para transformarse en una de las tramas de corrupción más graves de la gestión libertaria. Lo que comenzó con la filtración de audios que involucraban a Diego Spagnuolo -por entonces director del organismo- derivó en un efecto dominó que hoy suma 11 funcionarios desplazados, allanamientos, escuchas, declaraciones judiciales y una investigación que se expande hacia los circuitos financieros donde se habrían blanqueado decenas de miles de millones de pesos. Lejos de minimizar el escándalo, cada nueva revelación lo agranda.
Y cada intento del Presidente por desacreditarlo luce más débil. La investigación, conducida por el fiscal Franco Picardi, describe un esquema donde funcionarios de rango medio y alto coordinaban licitaciones, pagos y desvíos con dominio absoluto del circuito administrativo. "En esta pirámide para generar, como dijo Picardi, 37 mil millones de pesos de desvío, vos tenés que lograr que líneas medias jueguen prácticamente de memoria", explicó el periodista Rodrigo Indart en Infobae En Vivo.
Esa "memoria" incluía manipular compulsas, decidir qué se publicaba, qué no, y aceptar pagos irregulares que luego eran canalizados a través de lobistas y financieras. Los desplazados hasta ahora son protagonistas de primera línea del organismo. Además de Spagnuolo, quien se negó a declarar ante el juez, cayeron el responsable de compras, Daniel María Garbellini -señalado por Picardi como un engranaje clave-, Ornella Calvete, funcionaria de Economía en cuyo domicilio aparecieron USD 700.000, y su pareja, Javier Cardeno, sospechado de haber intervenido en el borrado de pruebas.
En escuchas incorporadas al expediente, Calvete pregunta si el teléfono de Cardeno "estaba limpio". Según detalló la periodista Cecilia Boufflet, "lo que están contando en esa escucha es que están borrando conversaciones en sus teléfonos". También fueron apartados Roger Grant, operador de licitaciones dentro de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud; Diego D'Giano, ex director de prestaciones médicas; Nahuel Tavernelli, Edmundo Gaspar Sentis, Eduardo Pino González, Lorena Di Giorno -citada para declarar el 28 de noviembre- y Susana Calvete, abogada del Ministerio de Economía.
Y la lista no terminó: se esperan nuevas renuncias en los próximos días. Con el levantamiento del secreto de sumario, la causa entró en una fase decisiva: seguir la trazabilidad de los fondos provenientes de coimas y sobreprecios. Uno de los personajes centrales del circuito financiero es Miguel Ángel Calvete, lobista señalado por facilitar contratos millonarios a un reducido grupo de droguerías. Según el dictamen, Calvete entregaba "sumas importantes" a Alan Pocoví, quien habría movido pesos y dólares e invertido parte en criptomonedas a través de la aplicación NEBLOCKSHAIN.
La investigación también conecta a Calvete con su pareja, Guadalupe Muñoz, quien habría recibido cheques para derivarlos a Pocoví, y con Neblockchain S.A., firma que podría actuar como pantalla de la financiera Finanzas Sur, ligada al empresario Ariel Vallejo. Los allanamientos a sus oficinas apuntan a reconstruir una ingeniería financiera que podría haber servido para lavar millones. El expediente menciona incluso operaciones con Baires Fly S.A., empresa vinculada a Sergio Mastropietro, donde confluyeron casi $100 millones provenientes de droguerías como Prolite Orthopedics, Probock S.R.L. y Profarma.
Las facturas emitidas hablaban de "kilómetros nacionales para aeronaves", lo que la fiscalía sospecha como una maniobra de blanqueo. La causa tiene dos ejes: El direccionamiento de contrataciones por unos $40.000 millones hacia droguerías como Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta; y un esquema de coimas interno y externo, que conectaba al organismo con operadores privados. Entre los hallazgos más llamativos aparece Luciana Ferrari, ex empleada de Roche, que habría accedido sin autorización al sistema de contrataciones. No trabajaba en la ANDIS pero operaba dentro de la plataforma SIIPFIS, recibía información anticipada y la compartía con Garbellini. Para la fiscalía, esto muestra que parte de la estructura estaba tercerizada y subordinada a intereses privados.
En otra línea del expediente, las conversaciones entre Calvete y Pablo Achavajian exhiben un nivel de control absoluto sobre proveedores, sanciones y liberación de fondos. A esto se suma el registro en cámaras de seguridad donde se ve a Spagnuolo ingresando con una mochila a la casa de Calvete, supuestamente con al menos $5 millones en efectivo. La causa se originó tras la viralización de audios donde una voz atribuida a Spagnuolo detallaba un sistema de retenciones del 8% y mencionaba a Eduardo "Lule" Menem y a la droguería Suizo Argentina. "A mí me están defalcando la agencia", se escucha decir, asegurando tener "todos los WhatsApps de Karina (Milei)" como respaldo.
Apenas estalló la crisis, Milei trató de enterrarla. Desde un acto de campaña en Córdoba dijo que los audios eran "chimentos de peluquería e Inteligencia Artificial" y que la oposición buscaba ensuciar al Gobierno. "Me encanta que los kukas ahora son catadores de corrupción", ironizó el Presidente, e incluso comparó la situación con causas judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner. Pero la realidad lo contradice: la causa crece, las renuncias se acumulan y el propio oficialismo admite en privado que el tema perforó el blindaje discursivo. Con una extensa tanda de indagatorias prevista entre el 1 y el 5 de diciembre, la causa promete avanzar hacia niveles más altos de responsabilidad política. "Una vez que terminen estas 15 imputaciones, Picardi podría apuntar un poco más arriba", adelantó Indart.