En paralelo al avance de la reforma laboral y a fallos que favorecieron al Gobierno, la administración de Javier Milei activó con rapidez los mecanismos para extender la permanencia de jueces que ya superaron los 75 años, una edad que, según la Constitución, obliga a un nuevo acuerdo para continuar en funciones. La simultaneidad de estos movimientos volvió a encender alarmas en el ámbito judicial y sindical. Uno de los casos es el del juez federal Leopoldo Jorge Rago Gallo, quien inició el trámite para seguir al frente del Juzgado Federal N° 2 de San Juan. Su pedido ya fue elevado al Ministerio de Justicia, que puso en marcha el procedimiento administrativo.
Cabe destacar que esto incluye la apertura de un período de cinco días hábiles para que ciudadanos y organizaciones presenten objeciones. Sin embargo, el foco de las críticas no está solo en el mecanismo -previsto por la normativa- sino en el contexto político en el que se inscribe. La decisión de avanzar con estas renovaciones coincide con fallos recientes que impactan de lleno en la agenda del Gobierno, especialmente en materia laboral.
El caso más resonante es el del camarista Víctor Arturo Pesino, quien integró la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo que dejó sin efecto una medida cautelar que frenaba más de 80 artículos de la reforma laboral. Esa decisión permitió que puntos sensibles -como cambios en indemnizaciones, limitaciones al derecho a huelga y nuevas modalidades de jornada laboral- volvieran a regir.
Horas después de ese fallo, el Ministerio de Justicia inició el trámite para extender la permanencia de Pesino por cinco años más en su cargo. La velocidad del procedimiento generó suspicacias incluso dentro de Tribunales, donde se reconoce que la medida "no es ilegal", pero sí "se aparta de la práctica habitual". Para continuar en funciones tras cumplir 75 años, los jueces necesitan un nuevo acuerdo del Senado, impulsado por el Poder Ejecutivo.
En ese marco, la coincidencia temporal entre decisiones judiciales favorables y gestiones para asegurar continuidad en el cargo alimenta las sospechas de un sistema de recompensas implícitas. La reacción de la Confederación General del Trabajo (CGT) no tardó en llegar. "La Sala VIII ha optado claramente en contra del trabajador", señalaron desde la central obrera tras el fallo.
Además, advirtieron que los camaristas podrían haber incumplido la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reconoce a los trabajadores como sujetos de tutela preferente. Incluso recordaron que la propia normativa vigente establece sanciones para los jueces inferiores que se aparten de ese criterio sin fundamentos sólidos. La decisión de suspender una cautelar -que por definición es provisoria hasta que se resuelva el fondo- fue interpretada por distintos sectores como una forma de desnaturalizar su función.
El caso de Pesino no es aislado. El Ministerio de Justicia también inició el trámite para la continuidad de Rago Gallo, mientras que otros nombres aparecen en carpeta, como el del camarista Martín Irurzun, quien alcanzará los 75 años en los próximos meses. En todos los casos, el procedimiento incluye una instancia de participación ciudadana, pero la decisión final depende de un complejo entramado político que involucra al Ejecutivo y al Senado. Si bien la extensión de mandatos está contemplada por la ley, su utilización en momentos políticamente sensibles genera dudas sobre posibles condicionamientos.