El gobierno de Javier Milei oficializó un cambio de alto impacto en la política ambiental argentina. A través del Decreto 271/2026, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley N° 27.804, que modifica sustancialmente el régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciares, un sistema considerado estratégico por su rol en la preservación de reservas de agua dulce. La norma, sancionada por el Congreso con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, introduce un giro conceptual que ya genera fuertes cuestionamientos: traslada a las provincias la potestad de definir qué áreas deben ser protegidas, rompiendo con el criterio uniforme que regía desde 2010.
El decreto publicado en el Boletín Oficial, que formalizó la entrada en vigencia de una reforma que cambia las reglas de juego en materia ambiental, señala: "En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la Constitución Nacional, promúlgase la Ley Nº 27.804". El eje del nuevo esquema pasa por la descentralización. A partir de ahora, cada provincia podrá establecer sus propios criterios técnicos para determinar qué glaciares y zonas periglaciares serán resguardados. Esto implica que aquellas áreas que no encuadren en las definiciones locales podrían quedar fuera de la protección específica de la ley.
El cambio responde a una demanda histórica de provincias con fuerte actividad minera, pero abre interrogantes sobre la homogeneidad de los estándares ambientales en todo el país. Mientras que la ley original consideraba a estos ecosistemas como bienes públicos estratégicos -clave para el consumo humano, la recarga de cuencas y la biodiversidad-, la nueva normativa redefine ese alcance y lo condiciona a evaluaciones locales. Otro punto central de la reforma es el abandono del esquema de prohibiciones generales. En su lugar, se establece un sistema basado en evaluaciones de impacto ambiental individuales, también bajo control provincial.
Esto significa que actividades productivas, incluidas las extractivas, podrán ser autorizadas en zonas previamente vedadas, siempre que superen esos estudios. El foco se desplaza así desde la prevención hacia la evaluación posterior, un cambio que especialistas consideran riesgoso en ecosistemas frágiles. Particularmente polémica es la nueva definición sobre los Glaciares de Escombros (GdE) y áreas periglaciares. La protección ya no será automática: solo se resguardarán aquellos que cumplan una "función hídrica comprobada o relevante". El resto podría quedar habilitado para la explotación.
La reforma también impacta en el sistema científico. El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que hasta ahora tenía un rol central en la identificación de glaciares, verá reducida su función a un carácter más registral. Si bien su inventario seguirá siendo de "ineludible consulta y consideración", ya no tendrá un peso decisivo frente a las definiciones provinciales. En la práctica, esto implica una pérdida de centralidad del criterio científico nacional en favor de decisiones políticas locales. Desde el Gobierno defendieron la reforma con un discurso que combina federalismo y desarrollo económico. "Esta reforma histórica aclara con precisión científica que se debe continuar protegiendo los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas", afirmaron desde la Oficina del Presidente.
En la misma línea, sostuvieron que permitirá "la explotación de los minerales en los terrenos que estaban mal catalogados como glaciares" y celebraron la eliminación de "las distorsiones ideológicas y las trabas artificiales que impedían el progreso". El tono se endureció aún más al cierre del comunicado: "Los intentos de interferencia de organizaciones extranjeras fracasaron y los ecologistas empeñados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder".
Sin embargo, durante el tratamiento legislativo y en audiencias públicas previas, especialistas y organizaciones ambientales advirtieron que la reforma implica una flexibilización que podría debilitar la protección de reservas clave de agua dulce.El nuevo esquema deja planteado un escenario de incertidumbre. Por un lado, el Gobierno apuesta a dinamizar inversiones y fortalecer el rol de las provincias. Por otro, se abre un debate sobre los límites entre desarrollo económico y protección ambiental.