En una maniobra que ya generó preocupación en sectores políticos, sindicales y ambientales, el Gobierno nacional oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre, con un temario que condensa algunas de las transformaciones más profundas impulsadas por Javier Milei desde su llegada a la Casa Rosada. El Decreto 865/2025 -publicado en el Boletín Oficial y firmado por el propio Presidente y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni- limita el debate parlamentario a un paquete de proyectos que abarcan desde el Presupuesto 2026 hasta reformas fiscales, laborales, penales y ambientales.
En primer lugar aparece el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026, que promete un "resultado financiero equilibrado o levemente superavitario", un objetivo que el Gobierno presenta como el corazón de su "estrategia de consolidación fiscal". Sin embargo, el apuro tiene una explicación política: aquel dictamen aprobado en noviembre en Diputados perdió estado parlamentario, y ahora los libertarios deberán reunir nuevamente las firmas. En Casa Rosada aseguran que los números les cierran, pero la oposición advierte que se trata de un cálculo inflado de optimismo y recortado de sensibilidad social.
Entre las iniciativas incluidas se destaca la Ley de Inocencia Fiscal, que redefine criterios de responsabilidad y carga de la prueba en materia tributaria. Para especialistas, esto puede derivar en un escenario donde el contribuyente enfrenta mayores exigencias frente al Estado, reforzando el sesgo punitivo del sistema recaudatorio. Junto a esta norma, el Ejecutivo impulsa la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, diseñada para "limitar el déficit, ordenar el gasto y acotar el financiamiento vía emisión o endeudamiento". Este tipo de reglas rígidas pueden condicionar severamente la capacidad de respuesta del Estado ante emergencias sociales o económicas.
Mención aparte merece el proyecto de Modernización Laboral, del cual solo trascendieron generalidades: cambios en regímenes especiales, nuevas formas de contratación, pasantías y esquemas de indemnizaciones. El Gobierno insiste en que la reforma apunta a "dinamizar el mercado de trabajo, bajar los costos laborales y reducir cargas patronales", pero detrás de esa retórica se esconde la intención de avanzar sobre derechos históricos y aumentar la precarización, un objetivo que ya generó el rechazo frontal de las centrales sindicales.
El paquete también incluye una reforma integral del Código Penal, una iniciativa que carga el sello de la "doctrina Bullrich". Allí se busca "agravar penas, restringir excarcelaciones y disponer la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y contra menores", una agenda punitivista que, bajo el lema "el que las hace, las paga", desplaza el debate sobre seguridad hacia un endurecimiento generalizado del sistema penal sin acompañarlo con políticas de prevención ni una mirada integral del delito.
Finalmente, otro de los puntos más controvertidos será la adecuación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. El Ejecutivo pretende "compatibilizar la protección ambiental con proyectos de inversión", especialmente vinculados a actividades extractivas en la cordillera. Para organizaciones socioambientales, esta redacción anticipa un retroceso: flexibilizar la normativa significaría abrir la puerta a la minería en zonas actualmente protegidas.
La velocidad del proceso también alimenta la preocupación. Adorni ya dejó entrever que Milei planea volver a convocar a extraordinarias entre fines de enero y febrero, lo que convierte al Congreso en una especie de sala de trámites para las urgencias del Ejecutivo. Con apenas doce días hábiles para discutir reformas que redefinen pilares del sistema democrático, económico, laboral y ambiental, el oficialismo apuesta a un tratamiento exprés que deja poco margen para el debate público y aún menos para la deliberación parlamentaria.