La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, presidida por Pablo Yedlin, aprobó este 13 de agosto un dictamen unificado con 26 preguntas dirigidas al Poder Ejecutivo para esclarecer el caso del fentanilo contaminado que ya dejó 96 víctimas. El despacho, respaldado por legisladores de todo el arco político, busca determinar responsabilidades, fallas de control y medidas adoptadas por las autoridades.
Yedlin anunció que hubo consenso entre los cinco proyectos presentados por Unión por la Patria, el PRO, Democracia para Siempre y el socialismo, y que se avanzará con un único pedido de informes. "Me atrevo a decir que esta es la peor situación de intoxicación medicamentosa desde que existe la ANMAT", advirtió.
El legislador reclamó explicaciones sobre "cuáles fueron los signos de alarma, si hubo pedidos previos al laboratorio, cuándo se supo que este lote estaba contaminado, cuándo se dio el aviso y cuándo se dejó de usar". Antes de la reunión, fue tajante: "Primero hay que investigar el laboratorio de elaboración, pero inmediatamente después al Estado, que debe controlar y asegurar que la medicación que recibe la población esté en condiciones".
Yedlin remarcó que todos los bloques presentaron iniciativas para exigir respuestas: "Si el Estado deja de controlar la calidad de nuestros alimentos y medicamentos, no vamos a estar mejor, vamos a estar mucho peor". El pedido de informes incluye un amplio rango de puntos: cantidad de casos confirmados, sospechosos y fallecidos; cronología de la detección del brote; identificación de medicamentos y lotes contaminados; acciones de la ANMAT desde los primeros casos; estado de habilitación y cumplimiento de buenas prácticas de manufactura por parte de HLB Pharma y Ramallo S.A.; y medidas para garantizar el retiro efectivo de los lotes.
También se solicita información sobre el sistema de trazabilidad, fallas detectadas, protocolos de vigilancia activa, expedientes e inspecciones contra los laboratorios, antecedentes societarios, denuncias previas, contratos con el Estado y posibles desvíos de opioides al mercado ilegal. El documento pide, además, detalles sobre la actuación de la Dirección General de Aduanas, el robo denunciado por HLB Pharma el 11 de mayo de 2025, la asistencia a víctimas y familias, las acciones judiciales impulsadas y eventuales reformas para fortalecer la farmacovigilancia y el control de laboratorios.
Yedlin apuntó también a la Justicia, subrayando que "es allí donde debe avanzar la investigación" y que desde la política trabajarán para que la ANMAT, el Ministerio de Salud y los tribunales no solo aclaren qué sucedió, sino que garanticen controles rigurosos para evitar futuros casos.
Durante el debate, el radical Pablo Juliano advirtió que "este caso supera a la tragedia de Once y al atentado de la AMIA" y reclamó frenar los intentos de desregulación: "Si seguimos mirando para otro lado o eliminando controles, aceptamos un riesgo enorme. Celebro que nos pongamos de acuerdo para firmar este pedido. No sabemos cuántos casos más van a seguir apareciendo".
La socialista Mónica Fein recordó que el laboratorio involucrado "ya tuvo un antecedente grave en mi ciudad, con el caso Apolo, que explotó y dejó cinco heridos. Tras esa explosión, se mudaron a otra provincia y esas mismas personas pusieron otro laboratorio". Y agregó: "Le debemos a las familias una acción seria para evaluar si los mecanismos estatales fueron correctos. Me preocupa que, ante deficiencias, surja la idea de que el Estado no debe participar".
Por su parte, Silvana Giudici, impulsora de una comisión investigadora, fue enfática: "Para mí se trata de fentanilo adulterado y cada vez hay más víctimas. Es importante que todos demos una señal de madurez política y firmemos este pedido juntos. El manejo de esta droga es muy controlado: es un precursor químico que también se utiliza en el narcotráfico. En Estados Unidos hay una crisis por el fentanilo; esperemos que en la Argentina podamos actuar a tiempo".
Giudici denunció que familiares le informaron que "el fentanilo de estos lotes no tenía la firma del responsable técnico del laboratorio" y reclamó medidas urgentes: "Hay 25 personas inhibidas, pero no sé por qué no hay pedidos de indagatoria, imputaciones o alguna prisión preventiva. ¿Cómo salió ese fentanilo de ahí? Esta es la mayor crisis sanitaria causada por medicamentos en la Argentina".
El debate estuvo acompañado por la presión de los familiares de las víctimas, que ayer se acercaron al Congreso para visibilizar su reclamo y exigir justicia. "Va a decir que esto es un sabotaje, es un desastre, es un asesino. Necesita pagar por lo que hizo. Hay encubrimiento total", denunció Alejandro Ayala, hermano de Leonel Ayala, en referencia a Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma. Y agregó: "Acá hay un interés político, un interés del narcotráfico y de personas que no quieren que hablemos. Nos quieren callar. No nos vamos a callar: vamos a ir hasta las últimas consecuencias".
El expediente se originó cuando médicos del Hospital Italiano de La Plata detectaron varios casos de neumonía grave de rápida evolución en pacientes internados, todos vinculados a la administración de fentanilo del lote N° 31.202, elaborado en diciembre de 2024 en la planta de Laboratorios Ramallo para HLB Pharma, y sospechado de estar contaminado con bacterias.