El presidente de las fuerzas del cielo Javier Milei decidió finalmente dar luz verde a un aumento salarial para los funcionarios del Ejecutivo tras dos años de congelamiento. La medida, que será oficializada el próximo 2 de enero, generado un intenso debate político y social, no solo por el contexto económico que atraviesa el país, sino también por el contraste con las realidades de otros sectores del ámbito estatal.
El anuncio llega después de que los salarios de los cargos jerárquicos del Ejecutivo sufrieran una pérdida del 60% de su poder adquisitivo debido a la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Según fuentes oficiales, la suba dejará los sueldos un 30% por debajo de la inflación, buscando equipararse a los incrementos logrados por los empleados estatales en las paritarias. Sin embargo, esta decisión no fue unánime dentro del círculo cercano al mandatario.
El debate interno fue intenso y se resolvió con la instrucción de alinear los aumentos a las paritarias del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), descartando la propuesta de igualar los salarios al nivel de los legisladores. Cabe recordar que los senadores nacionales perciben $9,5 millones y los diputados $7 millones, cifras que contrastan con los $4 millones que actualmente recibe el presidente, la vicepresidenta y otros cargos jerárquicos del Ejecutivo.
Si bien el ajuste salarial podría justificarse como una herramienta para frenar la fuga de talentos hacia el sector privado, la medida no deja de ser controvertida. En declaraciones a Infobae, un funcionario expresó: "Ya no daba para más. Se estaba haciendo imposible. Se están yendo todos. Nadie quiere trabajar con este nivel de presión por tan poca plata". Más claro echale agua: la falta de competitividad salarial debilita al Ejecutivo, mientras que otros poderes del Estado disfrutan de remuneraciones significativamente más altas.
No obstante, lo que causa mayor indignación es el contraste con la situación en otras áreas del Estado. El ámbito estatal ha sido testigo de despidos masivos y persecuciones políticas desde que el gobierno de La Libertad Avanza ocupó el Ejecutivo. Así que, mientras se discute el aumento para los funcionarios jerárquicos, miles de trabajadores estatales enfrentan incertidumbre laboral y salarios que apenas llegan a cubrir la canasta básica.
La narrativa oficial intenta justificar esta medida como una necesidad para mantener la funcionalidad del Ejecutivo. Sin embargo, en un país donde el ajuste recae principalmente sobre la clase trabajadora, resulta difícil aceptar que quienes toman las decisiones sean beneficiarios directos de un incremento salarial mientras otras áreas enfrentan recortes y despidos.
El aumento salarial para los funcionarios del Ejecutivo que lleva la firma de los hermanos Milei pero también de Luis Caputo y Federico Sturzenegger, es una decisión cargada de simbolismo político. En un contexto de crisis económica y social, esta medida plantea preguntas incómodas sobre las prioridades del gobierno y su compromiso con quienes más sufren las consecuencias del ajuste y la motosierra.