El sistema previsional atraviesa una de las etapas más críticas de los últimos años. Entre enero y junio de 2025 se perdieron más de 100 mil aportantes y el déficit ya trepó a $4,5 billones, cifra que, según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), debe ser solventada por el Tesoro Nacional, complicando aún más las cuentas fiscales de un Estado que sigue ajustando sobre los sectores más vulnerables.
El deterioro del sistema se da en paralelo a una caída del 12% en el poder adquisitivo de los haberes desde la asunción de Javier Milei, una pérdida que golpea de lleno a jubilados y pensionados que hace tiempo no llegan a cubrir la canasta básica. En ese contexto, el Gobierno prepara el terreno para su próxima ofensiva: la reforma laboral primero y, luego, la reforma del sistema de seguridad social.
La justificación oficial es devastadora: "Si aportan más no se puede financiar", es la frase que se repite en los despachos oficiales para explicar el rumbo elegido. El dato más alarmante es el índice de dependencia previsional, que hoy se ubica en 1,8 aportantes por cada beneficiario, muy por debajo del nivel mínimo recomendado de tres por uno. En otras palabras, cada vez hay menos trabajadores activos para sostener a una población jubilada creciente.
Esa brecha, combinada con la recesión y la informalidad laboral en aumento, erosiona la base de financiamiento del sistema y se traduce en haberes cada vez más bajos. Según ASAP, el haber medio por titular a septiembre de 2025 fue de $675.510, pero su capacidad de compra se redujo 4,9% interanual, y acumula un recorte del 24% en los últimos cuatro años. La situación más grave es la de los jubilados que dependen del bono complementario, congelado desde marzo en $70.000.
La decisión del Gobierno de no actualizar ese monto implica, en los hechos, una reducción del ingreso real para el 52,2% de los titulares del SIPA, es decir, unos 3,2 millones de personas. El Ejecutivo no prevé ninguna mejora para 2026 más allá de los ajustes automáticos por inflación, y tampoco planea modificar el monto del bono. En la práctica, la estrategia oficial apunta a licuar el peso de la ayuda adicional dentro del gasto público.
Sin embargo, esto provoca que los jubilados vean cómo su poder adquisitivo se desangra mes a mes. El panorama inmediato tampoco ofrece alivio. El aumento del 2,1% previsto para noviembre apenas compensará una fracción de la inflación esperada, lo que volverá a dejar los haberes por debajo de la línea de precios y profundizará el deterioro del poder de compra hacia fin de año.
La eliminación de la moratoria previsional, decidida por el Poder Ejecutivo pese a que el Congreso había aprobado su prórroga, ya muestra consecuencias concretas. En el tercer trimestre de 2025, se registró una caída de 22.412 beneficios, marcando el primer retroceso en la cantidad de jubilaciones desde la creación del sistema de moratoria que permitía regularizar aportes.
La decisión política de vetar esa prórroga deja a miles de mujeres y trabajadores informales sin posibilidad de acceder a una jubilación, condenándolos a depender de una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que representa apenas el 80% del haber mínimo. El anuncio oficial de ANSES esta semana confirmó lo que los jubilados ya saben: el ajuste no se detiene. A partir de noviembre, el haber mínimo garantizado pasará a $333.085,39, mientras que el máximo será de $2.241.349,35.
Con el bono congelado de $70.000, las jubilaciones más bajas apenas alcanzarán los $403.085, un monto muy lejos de los $828.158 que, según la Defensoría de la Tercera Edad, se necesitan para cubrir una canasta básica de un adulto mayor. El titular de ANSES, Fernando Bearzi, firmó las resoluciones 338 y 339/2025 que oficializan el incremento del 2,08%, en línea con la inflación de septiembre.
Pero en un contexto de suba sostenida de precios, ajustar por inflación no garantiza mantener el poder adquisitivo, sino apenas evitar una mayor caída. El discurso de "ordenar las cuentas públicas" se sostiene sobre los bolsillos de quienes menos tienen. En nombre del equilibrio fiscal, el Gobierno optó por ajustar jubilaciones, congelar bonos, vetar moratorias y transferir el costo del déficit previsional a los propios beneficiarios.