El gobierno de Javier Milei sigue profundizando su giro ideológico en materia de seguridad. Este martes, a través de la Resolución 37/2025 del Registro Nacional de Armas (RENAR), se oficializó la habilitación para que usuarios civiles puedan adquirir y poseer fusiles semiautomáticos alimentados con cargadores de quita y pon -como los AR-15 o las versiones civiles del FAL-, siempre que cumplan con una serie de requisitos administrativos y deportivos. La resolución reglamenta el Decreto 397/25, firmado meses atrás, que había eliminado la prohibición vigente desde los años noventa sobre este tipo de armamento. El nuevo texto establece un "régimen de autorización y control especial" y traslada toda la fiscalización al RENAR, organismo que reemplaza a la disuelta ANMAC y que ahora depende directamente del Ministerio de Seguridad Nacional.
En los hechos, el Ejecutivo reabre el mercado civil para armas de uso militar, bajo el argumento de promover la práctica del tiro deportivo y de "fortalecer el control estatal" sobre los legítimos usuarios. Sin embargo, detrás de los tecnicismos administrativos y las promesas de trazabilidad, la medida marca un cambio sustancial: ya no está prohibida la tenencia civil de fusiles semiautomáticos, una categoría de armas que hasta ahora era de acceso restringido incluso para fuerzas de seguridad.
El decreto exige que los solicitantes sean legítimos usuarios de armas de fuego de uso civil condicional con una antigüedad mínima de cinco años y sin sanciones vigentes. Además, deberán contar con un Sector de Guarda tipo G2, un sistema de almacenamiento aprobado, y presentar una declaración jurada en la que detallen los fundamentos de la solicitud, la identificación precisa del arma (marca, modelo, calibre, número de serie) y fotografías.
Uno de los ejes más polémicos es la exigencia de demostrar "probados usos deportivos". Para ello, los interesados deberán presentar una certificación de una entidad de tiro habilitada que los avale como tiradores asiduos o acreditar representación en certámenes nacionales o internacionales. También las entidades de tiro podrán solicitar armas de este tipo para uso de sus socios con fines didácticos.
El trámite tiene un costo equivalente a la suma de una "Tenencia Exprés" y una "Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM)", y su aprobación quedará sujeta a la evaluación del RENAR. El proceso comenzó en junio, cuando el Gobierno derogó una norma dictada durante el menemismo que prohibía la adquisición de fusiles semiautomáticos por parte de civiles. Aquella decisión fue presentada como un paso hacia la "modernización" del régimen de armas.
Lo que se concreta ahora es el mecanismo para permitir efectivamente la compra y tenencia de este tipo de armamento. La resolución también reorganiza el sistema institucional de control, ya que la ex Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) deja de existir y todas sus funciones se concentran en el RENAR, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Con ello, el Poder Ejecutivo asume un control más directo sobre el registro, la autorización y la fiscalización de armas de fuego en todo el país.
En medio de un clima social marcado por la violencia, el desempleo y la creciente polarización, la habilitación de fusiles semiautomáticos para civiles genera una profunda preocupación. Organizaciones civiles y especialistas en control de armas advierten que esta decisión puede incrementar los riesgos de accidentes, desvíos y usos indebidos en un país donde las estadísticas oficiales ya registran miles de armas extraviadas o robadas cada año.
El Gobierno sostiene que la medida se enmarca en una política de "libertad responsable", pero sus críticos la ven como una concesión ideológica al discurso armamentista que promueven sectores libertarios y de ultraderecha. En un contexto de ajuste económico y de creciente conflictividad, liberar el acceso a armas de calibre militar se percibe más como una señal política que como una necesidad deportiva. Mientras Milei insiste en "devolver libertades" y desmantelar las estructuras del Estado, la resolución del RENAR deja al descubierto otro costado de su proyecto: un país donde el Estado retrocede y las armas avanzan.