El Gobierno de Javier Milei oficializó, a través del Decreto 647/2025, el veto total a la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Proyecto Nº 27.795), sancionada por el Congreso el pasado 21 de agosto. La decisión, que bloquea la posibilidad de establecer partidas presupuestarias específicas y mecanismos de actualización automática de los recursos de las universidades, profundiza la confrontación con el sistema educativo y con la oposición parlamentaria.
El proyecto rechazado contemplaba un esquema integral para garantizar la sostenibilidad de la universidad pública en todo el país. Entre los puntos centrales se incluían la obligación de asegurar fondos para el programa "Desarrollo de la Educación Superior", el fortalecimiento de la investigación y la extensión universitaria, el incremento de becas y programas de bienestar estudiantil, y la recomposición salarial de docentes y no docentes.
Además, establecía una actualización automática de los gastos de funcionamiento según la variación del IPC, con aplicación desde enero de 2025. Para la Casa Rosada, sin embargo, la iniciativa representaba una intromisión en las facultades del Poder Ejecutivo para administrar los recursos del Estado y un riesgo de "rigidez presupuestaria" que atentaba contra el objetivo prioritario del Gobierno: preservar el equilibrio fiscal. En su fundamentación, el veto insistió en que la norma "imponía obligaciones de gasto sin prever fuentes genuinas de financiamiento" y que hubiera derivado en "un aumento desmedido e irresponsable del gasto público".
Las críticas no tardaron en llegar. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, utilizó su cuenta personal de X para lanzar un duro mensaje: "Vetar la ley de financiamiento universitario es desconocer el orgullo que siente nuestro pueblo por la educación pública, además de atentar contra su futuro y sus posibilidades de progreso. Parece que Milei no entendió el mensaje de millones de bonaerenses que rechazaron en las urnas este ataque despiadado al que viene sometiendo a la educación superior. La universidad pública es parte de nuestra identidad y la vamos defender cada vez que sea necesario".
El rechazo presidencial se da en un contexto de creciente tensión con las universidades nacionales, que desde principios de año vienen denunciando recortes presupuestarios, dificultades para cubrir gastos básicos y congelamiento de salarios en un escenario de alta inflación. Rectores y gremios docentes habían celebrado la sanción del Congreso como un primer paso para garantizar previsibilidad financiera y mejorar las condiciones de enseñanza, investigación y extensión.
Ahora, con el veto, ese horizonte vuelve a diluirse. En términos políticos, la medida confirma la estrategia del oficialismo de aplicar a rajatabla la ortodoxia fiscal, incluso en áreas que cuentan con fuerte respaldo social. La educación superior, valorada históricamente como motor de movilidad social y desarrollo científico en Argentina, queda así en el centro de un conflicto que promete escalar en los próximos días. Las universidades anticipan nuevas movilizaciones, los gremios preparan medidas de fuerza y la oposición ya trabaja en el Congreso para intentar revertir la decisión del Ejecutivo, mientras tanto el Gobierno sigue buscando achicar el Estado y ajustar cuentas.