Educación en la cuerda floja
11 Septiembre de 2025 09:14
El Gobierno de Javier Milei decidió vetar en su totalidad el Proyecto de Ley Nº 27.795, que había sido aprobado por el Congreso el pasado 21 de agosto y que establecía un nuevo esquema de financiamiento para las universidades públicas, además de una recomposición salarial para docentes y no docentes. La medida quedó oficializada a través del Decreto 647/2025, publicado el miércoles 10 de septiembre, y constituye un golpe directo a uno de los reclamos más urgentes del sistema educativo.
El texto sancionado por el Parlamento proponía blindar los gastos de funcionamiento de las universidades, actualizar sus partidas según la inflación y garantizar aumentos salariales por encima del índice de precios al consumidor. También incluía la recomposición de programas de becas, la inversión en infraestructura y la incorporación de nuevas tecnologías. En suma, buscaba asegurar el sostenimiento del modelo universitario público y gratuito en un contexto de fuerte deterioro presupuestario.
La Casa Rosada justificó el veto argumentando que el proyecto generaba un gasto "desproporcionado" e "insostenible", cifrado en más de un billón de pesos para 2025, sin prever fuentes de financiamiento claras. Según el Gobierno, su aplicación habría significado un desequilibrio fiscal incompatible con el objetivo oficial de alcanzar el déficit cero. "La economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa", sostiene el decreto firmado por Milei y todo su gabinete.
Pero detrás de la retórica fiscalista se esconde una pulseada política de fondo. El veto supone un rechazo explícito a la voluntad del Congreso y, sobre todo, una nueva provocación a las universidades, que desde principios de año denuncian que el ajuste del Ejecutivo amenaza su funcionamiento básico. De hecho, rectores, sindicatos docentes y organizaciones estudiantiles venían advirtiendo que la situación era "insostenible" y que la norma vetada era apenas un paso mínimo para evitar el colapso del sistema.
El conflicto abre un escenario de máxima tensión. La oposición parlamentaria ya anticipó que intentará insistir con la ley en el recinto, lo que obligaría a reunir una mayoría especial de dos tercios para rechazar el veto presidencial. Al mismo tiempo, gremios y federaciones universitarias preparan movilizaciones masivas para las próximas semanas, bajo la consigna de defender la educación pública frente a lo que consideran un ataque directo del Gobierno.
El decreto de Milei, que insiste en que vetar la ley no significa "desconocer las instituciones democráticas" sino ejercer una facultad constitucional, llega en un momento delicado. Mientras el Ejecutivo se aferra a la promesa de estabilidad macroeconómica y ajuste del gasto, las universidades advierten que sin una recomposición inmediata de recursos podrían verse obligadas a paralizar actividades, interrumpir investigaciones y cerrar programas de extensión.
Lejos de resolver el problema, el veto presidencial profundiza la crisis. El Gobierno eligió confrontar con uno de los pocos consensos sociales que sobreviven en la Argentina: el valor estratégico de la universidad pública. Al hacerlo, corre el riesgo de encender una nueva ola de protestas y de aislarse aún más de un sector académico que, históricamente, ha sido un motor de desarrollo, movilidad social y prestigio internacional.
