La Confederación General del Trabajo (CGT) dejó en claro su postura frente a la convocatoria del gobierno de Javier Milei para integrar una mesa técnica en el Senado destinada a debatir el dictamen de reforma laboral. La central obrera anticipó que no asistirá a estas reuniones, argumentando que el proyecto ya fue redactado sin su participación y que afecta derechos laborales fundamentales sin contar con su aval.
En diálogo con Ámbito, una fuente calificada de la CGT expresó: "El proyecto ya está redactado así que nosotros no vamos a ir. Seguramente participen senadores del peronismo, pero nosotros como CGT no vamos a convalidar un proyecto que ya está dictaminado y afecta derechos laborales sin nuestro acuerdo", expresaron contundentemente.
La CGT y los sindicatos manifestaron una serie de preocupaciones y demandas en torno al proyecto de reforma laboral. Entre los puntos más destacados se encuentran:
- Limitación del derecho a huelga. Esta medida es un ataque directo a una herramienta esencial para la defensa de los trabajadores
- Reducción de aportes para obras sociales sindicales. La propuesta plantea bajar del 6% al 5% los aportes, lo que podría impactar negativamente en la financiación de estos servicios
- Creación de un fondo de desempleo a cargo de los empleadores. El mismo se financiaría mediante una reducción del 3% en los aportes destinados a la seguridad social, afectando recursos clave para la ANSES
- Tope en los cálculos indemnizatorios. Una medida que limitaría las compensaciones económicas por despidos
Con estos puntos, la CGT inició una ronda de reuniones con gobernadores peronistas y representantes de Provincias Unidas para buscar respaldo. Es que si bien los gremios centran sus críticas en los aspectos laborales, los gobernadores de las provincias argentinas ponen el foco en las implicancias fiscales del proyecto. Los capítulos relacionados con el Impuesto a las Ganancias y la Reducción de la Carga Tributaria son los más polémicos porque afectan directamente la recaudación coparticipable.
En esta línea se calcula que la caída en la recaudación por Ganancias podría generar un impacto negativo neto de 1,6 billones de pesos en los fondos coparticipables. Es más, en un documento del Ministerio de Economía al que tuvo acceso Ámbito detalla que el impacto fiscal del proyecto comenzará a sentirse plenamente a partir del año 2027, debido a que la medida aplica a ejercicios fiscales iniciados desde el 1 de enero de 2026.
Pero no todo está dicho y desde La Libertad Avanza juegan cartas fuertes con el objetivo de destrabar resistencias tanto de la CGT como de las provincias activando distintas estrategias políticas. Es el caso de Bullrich que liderará una mesa técnica entre el 16 y el 26 de enero, encabezada por la abogada Josefina Tajes. Aunque este espacio no tiene carácter formal debido a que las puertas del Congreso están cerradas, busca introducir cambios en el dictamen para garantizar los votos necesarios.
Patricia Bullrich ya anticipó que La Libertad Avanza necesita el apoyo de gobernadores aliados para alcanzar un piso de 37 votos positivos en el Senado. Para ello, Diego Santilli también se puso los pantalones: este viernes participará en la primera reunión de mesa política del año en Casa Rosada junto a Karina Milei y Santiago Caputo, además de viajar por provincias como Chubut, Córdoba y Chaco para sumar adhesiones. El jueves estará en Mendoza y el viernes se reunirá con Sergio Zilloto, gobernador peronista de La Pampa.