La crisis institucional dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) acaba de adquirir un giro político que, de prosperar, podría representar un alivio inesperado para la Casa Rosada. Diego Spagnuolo, desplazado al estallar los audios que lo involucraban en un supuesto esquema de coimas, apuesta ahora a derribar toda la investigación judicial. Su estrategia: denunciar que fue víctima de una "operación de inteligencia" orquestada por el "cartel de las droguerías", que habría manipulado audios con herramientas de inteligencia artificial para incriminarlo.
El plan, que su círculo íntimo describe como la única vía para "evitar que la pesquisa siga escalando hacia arriba", quedó en manos de su abogado Mauricio D'Alessandro. Ante la Cámara Federal porteña, la defensa sostuvo que los audios que circularon antes de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre fueron "adulterados" y que, por tanto, deben ser declarados nulos como "frutos del árbol envenenado".
Detrás de esa jugada, sin embargo, se cuela un dato no menor: el fiscal Franco Picardi aclaró que los audios nunca se tomaron como prueba formal y que la investigación se inició por otros elementos, entre ellos el decreto del propio presidente Javier Milei que echó a Spagnuolo tras la difusión pública de las grabaciones. "No hay una sola evidencia que demuestre espionaje ilegal", enfatizó Picardi.
La defensa asegura haber recurrido a la firma española Graudio Forensics, que supuestamente detectó 15 cortes y cinco inserciones generadas con IA. Pero el peritaje no fue confirmado de manera independiente y ni siquiera está incorporado al expediente: se trata, por ahora, de una afirmación mediática. El relato de los voceros de Spagnuolo incluye incluso escenas dignas de un thriller: audios mezclados, "ruido ambiente" del Petit Colón para crear verosimilitud forzada, escuchas combinadas y un supuesto "memo de inteligencia" que habría circulado entre periodistas.
Sin embargo, el argumento del complot esconde un detalle clave: la interna feroz entre droguerías por un negocio multimillonario de provisión al Estado, donde -según la hipótesis de la propia defensa- el "cartel histórico" fue desplazado por un "grupo de tareas" integrado por Miguel Ángel Calvete, Pablo Atchabaian y Daniel Garbellini. Si ese escenario fuera real, la pregunta es obvia: ¿por qué la Casa Rosada se apresuró a desplazar a Spagnuolo apenas explotó el escándalo? ¿Y por qué el Gobierno no promovió una investigación administrativa paralela?
Mientras la defensa de Spagnuolo busca desactivar la causa, el expediente judicial sigue exponiendo vínculos incómodos. La mención directa a Eduardo "Lule" Menem y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei -a quien los audios atribuyen un supuesto 3% de la recaudación ilegal- quedó formalmente desacreditada por el fiscal, pero dejó una sombra política que la Casa Rosada no logró despejar.
En paralelo, el manejo de organismos bajo la órbita del Ministerio de Seguridad -como la PSA y Migraciones- quedó en el centro del escándalo por un episodio difícil de justificar: el empresario aeronáutico Sergio Mastropietro, pieza clave del presunto circuito de sobornos, logró evitar que le secuestraran el teléfono en el propio Aeroparque. Según reconstruyó LA NACIÓN, la PSA y Migraciones tenían orden de requisar los dispositivos de Mastropietro cuando regresara de Miami en un vuelo privado. Pero el avión hizo una parada inesperada en Tucumán, donde el empresario realizó una llamada cuyo destinatario aún se desconoce.
Al llegar a Buenos Aires, los agentes simplemente lo dejaron pasar. Cuando el juzgado tomó conocimiento, ya era tarde. El empresario alegó que su celular "desapareció". Ninguno de los organismos puede explicar cómo se incumplió una orden judicial tan específica. Y la causa quedó sin una de sus piezas tecnológicas más relevantes. Este episodio se suma a otro escándalo aún sin resolver: el ingreso al país, meses atrás, del avión privado que transportaba diez valijas de Laura Arrieta -empleada del empresario cercano a Santiago Caputo, Leonardo Scatturice- que pasaron por Aduana sin revisión, pese a las imágenes que luego confirmaron la maniobra irregular.
Más allá de los intentos de la defensa, la investigación describió un engranaje aceitado de desvíos de fondos públicos, direccionamiento de compras y retornos. El rol de Mastropietro resulta crucial: recibía transferencias millonarias desde droguerías sospechadas y emitía facturas desde Baires Fly por "compra de kilómetros nacionales", una maniobra que, según la fiscalía, buscaba blanquear dinero de origen irregular.
La cercanía del empresario con Fred Machado -extraditado y al borde de un juicio por narcotráfico en Estados Unidos-, los viajes privados compartidos y los domicilios comunes alimentan la sospecha de un entramado mayor, que excede el mundo de las droguerías. Los vínculos con Calvete, Pocoví y figuras políticas de Río Negro; las visitas al domicilio particular de Spagnuolo en Altos de Campo Grande; la red societaria con funcionarias de la propia Andis; los intentos de mover dinero durante allanamientos: todos los elementos delinean una estructura organizada y persistente.
La defensa de Spagnuolo apuesta a que la Cámara Federal anule el expediente o, al menos, frene su avance. Si lo logra, no solo quedarán desactivadas las imputaciones por defraudación, estafa, cohecho y asociación ilícita. También quedará sin respuesta una pregunta que atraviesa todo el escándalo: ¿quiénes se beneficiaron, desde el poder político, de un sistema que manejó más de 30.000 millones de pesos en compras direccionadas?