En el seno de la Confederación General del Trabajo (CGT), las red flags ya flamean. Es que el futuro de la relación entre la central obrera y el gobierno de las fuerzas del cielo de Javier Milei pende de un hilo, con la reforma laboral como epicentro de un conflicto que amenaza con desatar una crisis social y económica en Argentina.
Mientras los despidos masivos y el cierre de empresas se multiplican, las negociaciones con el Ejecutivo parecen estancadas y el tiempo para evitar un diciembre conflictivo se agota. En esa línea, los líderes sindicales de la CGT, manifestaron su preocupación ante una reforma laboral "inconsulta" y diseñada sin tener en cuenta las necesidades de los y las trabajadoras ni las realidades del tejido productivo nacional.
Aunque todavía no se conoció el texto formalmente, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ya está señalado como el principal impulsor de un proyecto que tiene como objetivo principal debilitar el poder gremial y precarizar aún más las condiciones laborales.
Pero la realidad de los laburantes argentinos es cada vez peor y se puede ver claramente en diversas empresas del país como la fábrica de cerámicas ILVA, ubicada en el Parque Industrial de Pilar, que se convertió en un símbolo del conflicto laboral en curso. Allí, más de 300 trabajadores llevan más de 80 días acampando frente a la planta en protesta por despidos masivos.
Según Cristian Jerónimo, cotitular de la CGT y representante del gremio de empleados del vidrio, la intervención sindical logró abrir un canal de diálogo con los dueños de la empresa. Sin embargo, las soluciones concretas aún están lejos de materializarse.
El caso de ILVA no es aislado porque en la fábrica de ollas Essen se despidió recientemente a más de 30 empleados, una decisión atribuida a la caída del consumo interno y al aumento de importaciones que compiten con la producción local.
Otro ejemplo podría ser el de Whirlpool que cerró sorpresivamente su planta en Pilar, dejando a 220 trabajadores sin empleo generando incertidumbre entre los trabajadores afectados, sino que también alimentan el temor de una oleada de despidos generalizados en otras industrias. Respecto a esto, Jerónimo, una de las voces más críticas dentro de la CGT, expresó que "en lo que va del año se perdieron 276.000 puestos de trabajo y cerraron 20.000 pymes".
Hay que decir que la preocupación no es exclusiva del movimiento sindical: representantes de las pequeñas y medianas empresas (pymes), agrupados en CGERA y CAME, advirtieron esta semana que muchos empresarios no podrán afrontar el pago de salarios ni aguinaldos debido a la recesión económica y a la pesada carga impositiva. Esta situación podría desatar un diciembre caótico, con conflictos laborales y sociales en aumento.
En medio de este panorama sombrío, el Gobierno decidió adelantar la presentación del proyecto final de reforma laboral, originalmente previsto para el 15 de diciembre que ahora será dado a conocer el 9 del mismo mes. Este cambio acorta los plazos para que la CGT y el Ejecutivo encuentren puntos en común antes de que el Congreso lo trate en sesiones extraordinarias.
Así las cosas, la CGT cree que la última palabra sobre la reforma laboral recaerá en el presidente Javier Milei y su hermana Karina, mientras algunos funcionarios, como Diego Santilli y Santiago Caputo, son los alfiles que buscarán moderar ciertos aspectos del proyecto para facilitar un acuerdo con los sindicatos, otros como Sturzenegger insisten en mantener su dureza.
En este contexto, la CGT está elaborando una contrapropuesta que incluye modificaciones al borrador oficial y plantea alternativas orientadas al desarrollo económico y social. Sin embargo, el tiempo apremia, y los líderes sindicales temen que las negociaciones no lleguen a buen puerto antes de fin de año.