En un acto que genera indignación y desconcierto, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, ordenó el cierre definitivo del jardín de infantes Jardín del Bosque, ubicado en Moreno 2010. La medida, oficializada mediante el Decreto 401/2025, deja a 40 niños y niñas sin un espacio educativo y de contención, mientras que a los docentes y trabajadores de la institución les arrebata su fuente de trabajo.
El argumento detrás de esta decisión esgrimido por Villarruel se basa en un informe elaborado por la Dirección de Obras y Mantenimiento, que señala "vicios estructurales que lo hacen impropio para el desarrollo de sus actividades" y que supuestamente ponían en "riesgo inminente la vida, seguridad e integridad psicofísica de las personas que allí concurren".
Sin embargo, el desenlace final no parece responder a una búsqueda genuina de soluciones, sino más bien a una política de motosierra que, una vez más, golpea a los sectores más vulnerables, en este caso a los y las hijas de trabajadores.
El jardín había sido inaugurado en 2015 como un espacio destinado a los hijos de trabajadores del Congreso en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y Amado Boudou. Y, en lugar de buscar alternativas para reubicar la guardería dentro del edificio o en otro inmueble apto, Villarruel optó por devolver las instalaciones a la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso (DAS), dejando atrás cualquier intento por mantener este servicio esencial.
El decreto especifica: "La Dirección de Obras y Mantenimiento evaluó distintas propuestas con la intención de acondicionar el inmueble citado a la normativa vigente. (...) En virtud de tal estudio, el área pertinente concluyó que su readecuación no resulta posible por sus condiciones de base". Con estas palabras, se selló el destino del jardín y su mobiliario: sillitas, juegos infantiles, pizarrones y hasta las camillas serán entregados junto con el edificio.
Las familias afectadas por esta decisión ahora enfrentan una incertidumbre absoluta. Aunque desde el Senado se informó que los niños podrían ser reubicados en el jardín de Diputados o en otras instituciones vinculadas al Congreso, esto no garantiza que todos puedan acceder a esos cupos ni que se mantenga el nivel educativo que ofrecía Jardín del Bosque.
Villarruel justificó el cierre señalando que el jardín beneficiaba únicamente a 40 niños, mientras que el adicional económico para guarderías privadas alcanza a 200 empleados. Este argumento no hace más que mostrar una falta de sensibilidad hacia la importancia de los espacios educativos públicos y comunitarios.
En lugar de buscar soluciones integrales, la gestión de Victoria Villarruel -que está cada vez más desfigurada y lejana de Javier Milei- optó por un camino simplista y perjudicial. El cierre del jardín es un golpe directo a las familias trabajadoras del Congreso y una muestra más de cómo las políticas de ajuste afectan a quienes menos tienen. Mientras tanto, los niños y niñas quedan relegados, víctimas de decisiones que priorizan números sobre personas