La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se complica a medida que avanza la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. En los tribunales de Comodoro Py, el fiscal Gerardo Pollicita desplegó una batería de medidas para reconstruir la trama detrás de la adquisición de propiedades, en especial un departamento en Caballito y una vivienda en un country bonaerense, que presentan inconsistencias difíciles de explicar con los ingresos declarados por el funcionario.
El eje de la causa gira en torno a la llamativa operatoria financiera utilizada para la compra del inmueble ubicado en la calle Miró al 500. Allí, dos jubiladas de ingresos mínimos -Beatriz Viegas y Claudia Sbabo- no solo figuran como vendedoras, sino también como acreedoras de una hipoteca por 200.000 dólares, sin interés y con un plazo de devolución de un año. Un esquema inusual que despertó sospechas en la fiscalía, sobre todo porque ambas mujeres aseguraron no conocer a Adorni.
Las declaraciones testimoniales comenzaron a aportar piezas clave. Los dueños de la inmobiliaria interviniente, Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi, confirmaron bajo juramento que quien estuvo detrás de la operación fue Pablo Martín Feijoo, señalado como el nexo entre el funcionario y las jubiladas. Según su testimonio, el departamento -que había sido completamente refaccionado- podría haberse vendido en 345.000 dólares.
Sin ir más lejos, se trata de una cifra muy superior a los 230.000 dólares que finalmente declaró Adorni en la compra realizada en noviembre de 2025. La diferencia de valores y la secuencia de operaciones abren interrogantes sobre una posible subvaluación del inmueble. El propio expediente revela que la propiedad había sido adquirida previamente por las jubiladas al ex futbolista Hugo Morales en 200.000 dólares, tras una fuerte rebaja respecto del precio inicial.
Luego de refacciones, el bien habría incrementado significativamente su valor, aunque fue transferido al jefe de Gabinete por apenas 30.000 dólares en efectivo y un financiamiento total del resto, sin intereses. "Ya tengo un comprador", figura en uno de los chats incorporados a la causa, en el que el hijo de una de las jubiladas cerraba la posibilidad de reventa.
Para la Justicia, esos intercambios son clave para determinar si existió una estructura diseñada para encubrir al verdadero adquirente desde el inicio de la operación. El rol de Feijoo aparece como central. Fue quien pagó la seña, negoció el precio junto a una arquitecta y coordinó las refacciones del inmueble. Su citación como testigo -con obligación de presentar su teléfono celular- busca esclarecer si actuó como intermediario o testaferro en una maniobra más compleja.
Pero la investigación no se limita a ese departamento. También se puso la lupa sobre una casona en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, donde el fiscal pidió documentación detallada sobre las obras realizadas, incluyendo presupuestos, facturas y registros de WhatsApp. La intención es determinar si las mejoras realizadas coinciden con la capacidad económica declarada por Adorni o si, nuevamente, hay inconsistencias.
A esto se suma el análisis de gastos asociados al estilo de vida del funcionario: una cuota de ingreso al barrio privado de 5.000 dólares y expensas que rondarían los 700.000 pesos mensuales, formalmente a nombre de su esposa, Bettina Angeletti. También están bajo revisión viajes al exterior y una propiedad que no había sido incluida en su declaración jurada. El avance del expediente deja en evidencia un patrón que inquieta: operaciones trianguladas, financiamiento inusual y valores que no cierran.
En paralelo, el Gobierno guarda silencio frente a una causa que golpea directamente al corazón de la administración, mientras en el Congreso se acumulan pedidos de informes. La investigación que encabeza Pollicita busca, en definitiva, responder una pregunta clave: si el patrimonio de uno de los funcionarios más cercanos al presidente se construyó dentro de los márgenes legales o si, por el contrario, se montó sobre mecanismos diseñados para disimular el origen y la trazabilidad de los fondos.