La situación judicial de Manuel Adorni se volvió mucho más delicada de lo que el Gobierno admite públicamente. Mientras la Casa Rosada intenta sostener al funcionario a cualquier costo, en los tribunales de Comodoro Py ya no sólo se habla de enriquecimiento ilícito: la hipótesis de lavado de activos empezó a ganar fuerza frente a un patrimonio y un nivel de gastos imposibles de justificar con los ingresos oficiales del jefe de Gabinete.
El dato que encendió todas las alarmas es demoledor. Según la reconstrucción realizada en el expediente judicial y dada a conocer por el periodista Sebastián Lacunza, la familia Adorni-Angeletti afrontó durante meses gastos consecutivos de entre 18.000 y 20.000 dólares mensuales. Una cifra que quintuplica el salario que el funcionario comenzó a cobrar recién en febrero de 2026 y que directamente pulveriza cualquier explicación basada en sus ingresos declarados.
La cuenta es brutal: expensas por cuatro propiedades, cuotas escolares millonarias, resúmenes de tarjeta que llegaron a rozar los 22 millones de pesos mensuales, servicios, seguros, impuestos y viajes internacionales permanentes. Todo mientras el Gobierno exigía "sacrificios" a jubilados, docentes, médicos y trabajadores estatales en nombre del ajuste. En el expediente aparecen departamentos en Caballito y Parque Chacabuco, otra propiedad en La Plata y una casa en el barrio privado Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. También figura una camioneta Jeep Compass comprada en 2024 y una cadena de refacciones y adquisiciones valuadas en cientos de miles de dólares.
El problema para Adorni no es sólo el volumen del dinero, sino la imposibilidad de explicar de dónde salió. El fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo ya levantaron el secreto bancario, financiero y fiscal del funcionario, de su esposa Bettina Angeletti y de las empresas vinculadas al matrimonio. Y lo que empieza a aparecer inquieta incluso a funcionarios judiciales acostumbrados a las grandes causas de corrupción. Parte de las operaciones inmobiliarias habría sido financiada mediante préstamos de jubiladas, mujeres policías y amigos cercanos por unos 365.000 dólares, en un esquema que dentro de Comodoro Py consideran cada vez más difícil de sostener.
Pero hay otro elemento que agrava todavía más el cuadro: el uso sistemático de efectivo y operaciones "sin factura". Las sospechas crecieron después de la declaración del constructor Matías Tabar, quien aseguró que Adorni le pagó 245.000 dólares en efectivo y en negro por refacciones realizadas entre 2024 y 2025 en la casa de Indio Cua. Además, sostuvo que el funcionario intentó influir sobre su declaración judicial.
Ese testimonio hizo estallar la precaria arquitectura defensiva montada alrededor de los supuestos préstamos personales y las propiedades subvaluadas. Mientras tanto, la estrategia del abogado defensor Matías Ledesma llama la atención incluso entre los tribunales federales. Hasta ahora, la defensa eligió el silencio absoluto: no pidió medidas, no presentó aclaraciones y evitó cualquier intento de explicación pública. "La estrategia es el silencio, como quien evita dar un paso en falso, porque no sabe qué más se va a encontrar", deslizan cerca de la causa.
Los viajes también aparecen bajo la lupa. Aruba, Punta del Este, Llao Llao, Madrid, Nueva York y Gualeguaychú integran una lista de desplazamientos que habrían demandado más de 30.000 dólares. Según consta en el expediente, varios gastos turísticos fueron pagados en efectivo y, cuando fue posible, "en negro". La excursión a Punta del Este durante el carnaval se transformó en otro foco de sospechas. La Justicia analiza si efectivamente se trató de unas simples vacaciones familiares o si detrás del vuelo privado existió un esquema de dádivas o beneficios incompatibles con la función pública.
Pero el expediente ya desbordó la discusión patrimonial y comenzó a acercarse peligrosamente al núcleo político y económico del mileísmo. La relación de Adorni con los hermanos Novelli y el entramado alrededor de la presunta estafa cripto $LIBRA aparece cada vez más presente en la investigación. Antes de llegar al Gobierno, Adorni participó de actividades y promociones vinculadas al instituto financiero de Mauricio Novelli, uno de los principales nombres señalados en el escándalo.
En paralelo, surgieron registros explosivos sobre reuniones, transferencias millonarias y presuntos pagos vinculados a la promoción presidencial de $LIBRA. Entre los elementos que analiza la Justicia figuran mensajes sobre supuestos pagos para "Javi-Kari", referencias a transferencias millonarias y la sospecha de que parte del dinero circuló a través de criptomonedas y billeteras virtuales.
La diputada Marcela Pagano llegó incluso a denunciar que Adorni habría recibido tres millones de dólares vinculados a $LIBRA y a supuestos cobros de reuniones y gestiones. Aunque ese dato todavía no fue confirmado judicialmente, sí existen informes sobre movimientos cripto realizados por el funcionario. En el Gobierno, mientras tanto, crece el desconcierto por la decisión de Javier Milei de sostener a Adorni pese al costo político cada vez más evidente.
Las encuestas empiezan a reflejar desgaste, el escándalo domina la agenda pública y hasta dentro del oficialismo aparecen movimientos internos. Patricia Bullrich comenzó a tomar distancia y a moverse con autonomía política mientras las tensiones libertarias se exhiben abiertamente en medios y operaciones cruzadas. En la Casa Rosada recuerdan que el Presidente no dudó en desprenderse de figuras importantes cuando sintió amenazado el equilibrio político interno. Ocurrió con Nicolás Posse y Diego Spagnuolo. Sin embargo, con Adorni el comportamiento es distinto. Dentro y fuera del Gobierno empieza a instalarse una hipótesis inquietante: que el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete sería imposible de separar del funcionamiento económico y político del círculo más íntimo del poder libertario.