La Universidad de Buenos Aires (UBA) realiza este martes 15 de agosto una jornada de visibilización en Plaza de Mayo para mostrar el impacto concreto de la universidad pública y reclamar que el Gobierno de Javier Milei cumpla con la .Ley de Financiamiento Universitario
La actividad se desarrolla frente al Ministerio de Economía desde las 8 de la mañana hasta la medianoche. Durante toda la jornada se ofrecen servicios gratuitos para la comunidad y se presentan propuestas vinculadas con la salud, la ciencia, la investigación y la formación profesional.
Entre las prestaciones disponibles hay atención odontológica, clínica médica, servicios de óptica y asistencia veterinaria aunque también se brinda asesoramiento jurídico y contable, además de espacios de orientación psicológica para quienes se acerquen a la plaza.
La jornada busca demostrar que la universidad pública no se limita a las aulas sino que también forma profesionales, investiga, atiende pacientes, acompaña a comunidades y desarrolla servicios que llegan a miles de personas que no podrían acceder a ellos en el ámbito privado.
A pesar de la actividad en Plaza de Mayo, las facultades de la UBA mantienen sus clases con normalidad. La propuesta funciona como una muestra abierta del trabajo cotidiano de la institución y como una forma de trasladar el conflicto presupuestario al espacio público.
El conflicto con el Gobierno libertario
La Ley 27.795 fue sancionada en 2025 después de que el Congreso rechazara el veto del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Gobierno promulgó la norma mediante el Decreto 759/2025 y suspendió su aplicación hasta que se determinaran las fuentes de financiamiento.
Las universidades cuestionaron esa decisión y recurrieron a la Justicia. En diciembre de 2025, el juez federal Martín Cormick hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional y ordenó al Ejecutivo aplicar la ley, incluyendo la actualización de salarios y becas.
El Gobierno apeló la resolución, pero distintas instancias judiciales ratificaron la decisión. Finalmente, el 25 de junio de 2026, la Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario presentado por el Estado y dejó firme la cautelar. El fallo fue firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El conflicto no terminó con esa resolución ya que el 1° de septiembre, Cormick dictó una nueva medida cautelar en una causa iniciada por la UBA y ordenó al Poder Ejecutivo ejecutar "de forma inmediata" las partidas previstas por la ley para gastos de funcionamiento, salarios, becas e investigación.
Según el juez, el impacto fiscal de esas disposiciones representa el 0,23% del Producto Bruto Interno. Para la comunidad universitaria, la cifra demuestra que el incumplimiento no responde a la imposibilidad económica del Estado, sino a una decisión política sobre qué áreas priorizar.
Es por eso que la jornada de Plaza de Mayo busca ponerle rostro a esa discusión: detrás de cada partida hay docentes, investigadores, estudiantes, profesionales, pacientes y familias que dependen de una universidad pública activa. Mientras el Gobierno de Javier Milei demora la aplicación de una ley vigente, la UBA salió de sus aulas para mostrar todo lo que hace y reclamar que el financiamiento deje de ser una promesa judicial y se convierta en una obligación cumplida.