Jaque mate a la libertad de prensa en Argentina. El gobierno de Javier Milei desplegó una persecusión sin precedentes contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno de la TN. La acusación, que los señala como responsables de una supuesta "amenaza para la seguridad de la Nación", derivó además en la cancelación de sus acreditaciones para ingresar a la Casa Rosada.
Es en este contexto que los comunicados emitidos por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) no tardaron en condenar este acto de censura y abuso de poder por parte del gobierno de las fuerzas del cielo pero así también se generó una catarata de comentarios y posicionamientos en contra del autoritarismo y a favor de la libertad de prensa.
El caso comenzó con un informe en el programa Y mañana Qué, donde Geuna y Salerno mostraron imágenes de diversos sectores de la Casa Rosada. Según la denuncia presentada por la Casa Militar, el organismo encargado de la custodia presidencial, el material audiovisual habría sido grabado "de forma furtiva y sin autorización", exponiendo siempre según la denuncia, sistemas de vigilancia, dispositivos de control de acceso y equipos de comunicación que deberían mantenerse bajo estricta reserva. Esto, argumentan, representa una violación a la Ley Nacional de Inteligencia y al Código Penal.
La denuncia penal quedó radicada en los tribunales de Comodoro Py, bajo la órbita del juez Ariel Lijo, y acusa a los periodistas de divulgar secretos políticos y militares que comprometerían la seguridad nacional. Mientras tanto, el Gobierno cantó vale cuatro y revocó las acreditaciones de ambos periodistas para ingresar a la Casa Rosada.
El posicionamiento de Milei fue claro desde el primer momento: lanzó decenas de tuits con el mantra "no odiamos lo suficiente a los periodistas" y redobló su embestida contra los periodistas: "BASURAS REPUGNANTES. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!", escribió Milei.
Esta no es la primera vez que el mandatario arremete contra los medios. Milei ya había presentado denuncias por injurias contra periodistas como Carlos Pagni y Ari Lijalad, Julia Mengolini y Jorge Rial, entre otros, aunque estas denuncias fueron desestimadas por los tribunales.
Otro defensor de la medida es el periodista oficialista y subsecretario de Prensa de la Presidencia, Javier Linari que disparó desde su cuenta de X: "Aclaración. La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional...".
La respuesta del gremio no se hizo esperar. SIPREBA emitió un comunicado titulado Otro impotente y desesperado intento de silenciar a la prensa, en el que condenó enérgicamente las acciones del Gobierno: "Repudiamos el acto de censura que se suma a la escalada de abusos de poder de parte de Javier Milei, quien no solo insulta, difama y hostiga a periodistas y trabajadores de prensa que realizan su trabajo, sino que presiona por despidos, como es de conocimiento público", señaló el sindicato.
Además, SIPREBA denunció un contexto generalizado de persecución hacia los medios: "En el último tiempo, la persecución consistió en inventar causas judiciales con tipos penales graves, y agredir físicamente a los cronistas, fotógrafos y móviles en las protestas sociales. Todo apunta a generar un clima hostil hacia la prensa para que deje de contar lo que pasa". El sindicato también expresó su solidaridad con los periodistas afectados y con los más de 50 medios perjudicados por el cierre temporal de la Sala de Periodistas en la Casa Rosada.
Por su parte, FOPEA también expresó su rechazo categórico a las medidas adoptadas por el Gobierno. En su comunicado, calificaron la decisión como "de extrema gravedad institucional", argumentando que "altera las condiciones básicas para la cobertura periodística del principal ámbito de funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional". En la misma línea, remarcaron: "Esta decisión no solo afecta el ejercicio del periodismo, sino que impacta directamente en el derecho de la ciudadanía a acceder a información sobre los actos de gobierno".
FOPEA también cuestionó la proporcionalidad de las medidas adoptadas: "La denuncia presentada por la Casa Militar no cuenta con una resolución judicial que determine la existencia de una conducta irregular. En este contexto, resulta desproporcionado e injustificado accionar penalmente tanto como adoptar una medida de alcance general que suspende las acreditaciones de todos los periodistas".
En este sentido, FOPEA hizo un llamado al Ejecutivo para "revisar de manera urgente esta decisión, restablecer el sistema de acreditaciones y garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio del periodismo en la Casa Rosada". La organización recordó que "este tipo de decisiones, por su alcance, no se corresponden con los principios que deben regir en un sistema democrático".
Está pasando: la libertad de prensa se acaba en el gobierno de los lúgubres hermanitos Milei dejando en claro que el caso Geuna-Salerno no es un hecho aislado, sino que se suma a la creciente lista de hostilidad del Gobierno hacia los medios de comunicación. Sobre esto, desde SIPREBA fueron enfáticos: "La única política de comunicación del Gobierno es desprestigiar al periodismo con el fin último de debilitar la libertad de expresión".
Algunos otros repudios a la medida