Bajá de la moto
La Justicia Federal de San Isidro procesó a José Luis Espert por los delitos de presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, además de dictar un embargo por 1.000 millones de pesos y una prohibición de salir del país. Los tiempos en los que el ex diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) se pavoneaba por los canales de televisión y los parlamentos de la Argentina con el dedo acusador no solo parecen haber ya terminado, sino que inclusive ahora el final de la historia podría acabar con él tras las rejas.
El ya famoso "cárcel o bala" parece estar a punto de cumplírsele a Espert en el mejor de esos dos destinos, luego de que el juez federal Lino Mirabelli tomara todas las definiciones por la investigación que lleva adelante por los 200 mil dólares que recibió en 2020 por parte de Federico "Fred" Machado, el empresario deportado y juzgado en Estados Unidios por sus vínculos con el narcotráfico.
Al igual que él, su contador Mariano Alejandro Cosentino también recibió un embargo de 700 millones de pesos por ser partícipe necesario del delito de lavado en la misma causa en la que Espert presentó un descargo de 141 páginas en agosto, con el fin de pedir un sobreseimiento que le permitiera quedar impune del lazo que lo unía con el hombre que le prestaba su avión personal para su campaña electoral.
Allí fue que Espert reforzó su coartada de las charlas y el asesoramiento por el que le pagaron 200 mil dólares, aunque la Justicia no creyó en esa versión ni encontró sustento para darla por válida, y la catalogó como una maniobra simulada con el fin de lavar dinero. "El pago llegó a MI cuenta, con MI nombre en la referencia de la transferencia. Un solo giro, entero, de banco a banco. El que lava esconde su nombre. Yo lo puse en cada papel", sostuvo Espert en la defensa que hizo en su cuenta de X (ex Twitter) a fines de agosto.
Días atrás, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín no dio lugar a las argumentaciones de la presentación de Espert, mientras que también rechazó anular las medidas de prueba pedidas por el fiscal Rodolfo Domínguez, además de las recusaciones que había recibido por "pérdida de objetividad" y "exteriorización de un interés ajeno al proceso".
Hace más de un mes, la imagen de Espert en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de San Isidro para tramitar su jubilación y presentar allí que sólo tenía cinco años de aportes (con cuatro por ser diputado), se viralizó con velocidad por la impunidad de pedir algo que siempre negó a las amas de casa. Ahora deberá dar respuestas ante algo mucho más directo que las redes sociales: la Justicia.
