El Gobierno de Javier Milei avanza en silencio pero con decisión sobre una reforma laboral que promete reconfigurar el mundo del trabajo en Argentina. Tras el resultado electoral que consolidó el poder libertario en el Congreso, el Presidente retomó una de sus banderas ideológicas: la "modernización" del régimen laboral. Detrás de esa palabra, sin embargo, los sindicatos y sectores opositores ven una reedición de los artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, frenado por la Justicia por su carácter regresivo y su falta de consenso. Según fuentes oficiales, la reforma -que se presentaría el 15 de diciembre- busca priorizar los convenios por empresa sobre los convenios por actividad, habilitando negociaciones "acordadas" entre empleadores y trabajadores, incluso en el sector informal.
El Ejecutivo asegura que el objetivo es "formalizar al 40% de los trabajadores que hoy están fuera del sistema". Pero los gremios advierten que se trata de una flexibilización encubierta que rompería la estructura de negociación colectiva y pondría en riesgo derechos laborales básicos. Milei calificó el régimen actual como "anacrónico" y prometió una reglamentación que incentive la productividad y el mérito individual. "Los sindicatos saben que esto no funciona, que si lo piensan como negocio están liquidados", lanzó el mandatario en tono desafiante, apenas un día después de las elecciones.
Su visión es clara: un esquema basado en el equilibrio fiscal, la reducción del gasto y la flexibilización de las condiciones de contratación. El proyecto toma como punto de partida la "Ley de promoción de inversiones y empleo" presentada por la diputada libertaria Romina Diez, cercana a Karina Milei. Aquella iniciativa ya incluía elementos de la fallida Ley Bases y retomaba varios puntos del DNU 70/23: la posibilidad de extender la jornada laboral de 8 a 12 horas, fragmentar vacaciones, pagar salarios en vales o tickets, e incluso abonar indemnizaciones en cuotas.
Aunque el secretario de Trabajo, Julio Cordero -ex ejecutivo de Techint y redactor del propio DNU- insiste en que "no se tocarán los derechos adquiridos", sus exposiciones públicas dejan ver otro horizonte. En el coloquio de IDEA y ante la Comisión de Presupuesto, Cordero defendió las "negociaciones dinámicas" por productividad, un concepto que remite directamente al modelo laboral de los años 90, cuando los aumentos se ataban a los resultados empresariales y la flexibilidad era presentada como sinónimo de eficiencia. El Gobierno también analiza la figura del "salario dinámico", un esquema atado al mérito individual y al rendimiento de cada empresa.
Pese a que fue presentado como una innovación, este tipo de incentivos ya existen dentro de los convenios colectivos, donde funcionan como complementos y no como sustitutos del salario garantizado. El riesgo, advierten los especialistas, es que el sistema pierda su carácter solidario y deje librado el ingreso de los trabajadores a la discrecionalidad empresarial. Desde la CGT la respuesta fue categórica. Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, advirtió que "la pretendida reforma laboral no es más que la ratificación del decreto 70/23, oportunamente rechazado y judicializado con éxito por nuestra central sindical".
En la misma línea, las centrales obreras niegan que exista un verdadero diálogo dentro del Consejo de Mayo: "No hay una propuesta concreta, solo trascendidos de prensa y discursos en foros empresariales", señaló una fuente sindical. El Ejecutivo, no obstante, sostiene que la "modernización" es indispensable para reducir la informalidad y atraer inversiones. Lo cierto es que detrás del discurso de la eficiencia y el mérito individual, se asoma una matriz ideológica conocida: la del mercado como árbitro absoluto de las relaciones laborales. Al igual que en los noventa, se busca "flexibilizar" para generar empleo.
Sin embargo, las estadísticas históricas demostraron que la desregulación no garantiza más trabajo, sino empleos más precarios. Mientras el Gobierno habla de "modernización", los gremios ven un intento de desarticular el sistema de paritarias y de diluir el poder de negociación colectiva. Y aunque el oficialismo promete que la reforma no afectará los derechos esenciales, su propia hoja de ruta -equilibrio fiscal, ajuste del gasto y desregulación- indica lo contrario: un nuevo avance sobre las protecciones laborales conquistadas durante décadas.